La Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) ha decidido pasar a la acción ante lo que considera una vulneración de las competencias de su cuerpo de seguridad.
Tras la orden de la Guardia Civil de depositar las defensas o bastones extensibles, el ente portuario ha confirmado que interpondrá todos los recursos administrativos y judiciales necesarios para que los agentes recuperen su derecho a utilizar este equipamiento de defensa.
A pesar de que la medida se ha acatado de forma preventiva depositando el material en las propias dependencias de la Policía Portuaria, la institución deja claro que no se trata de una entrega definitiva, sino de un paso previo a una batalla legal por el reconocimiento de sus funciones.
En defensa de los agentes
El núcleo del conflicto reside en la interpretación de las competencias policiales dentro del recinto portuario y en el monopolio de las Fuerzas y Cuerpos del Estado para usar armas, pues son los únicos habilitados en ese sentido. La Delegación del Gobierno en Canarias aclara que se trata de un cuestión de legalidad y, en ese sentido, se celebró recientemente una reunión con los responsables del Puerto para explicarles la situación.
La Autoridad Portuaria, sin embargo, no está conforme con lo expuesto en esa reunión y, por extensión, con los informes del Ministerio de Interior y las resoluciones de Intervención de Armas que les obligan a retirar las porras extensibles.
Tras consultar a Recursos Humanos y los responsables del cuerpo de seguridad, la presidenta del organismo portuario, Beatriz Calzada, considera que la Policía Portuaria está plenamente capacitada para el manejo de las defensas extensibles y que su uso es proporcional a sus funciones de vigilancia.
Calzada se ha comprometido con los representantes sindicales a interponer los recursos administrativos y judiciales necesarios para recuperar ese medio de defensa, pues los agentes vienen usando esos bastones desde hace 18 años. Es ahora, a raíz del conflicto en Lanzarote con la Policía Local de Arrecife, cuando la Guardia Civil ha exigido a la Autoridad Portuaria la retirada de esos artefactos.
Depósito voluntario
Calzada, ante la naturaleza del conflicto, aclara que la Guardia Civil no ha procedido a retirar físicamente las defensas. En su lugar, y tras la existencia de unos informes técnicos, se instó al cuerpo portuario a depositarlas.
En un ejercicio de responsabilidad institucional, el ente ha acatado la instrucción y ha depositado las porras extensibles en sus propias dependencias hasta que se aclare la situación.
Batalla legal
No obstante, este acatamiento no implica conformidad: la institución sostiene que sus agentes están "plenamente capacitados" y reúnen todas las competencias legales para portar esos medios de defensa, explica la presidenta.
El enredo de fondo es entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transportes, porque la Guardia Civil pertenece al primero y Puertos del Estado al segundo.
Y por eso hasta Madrid se han ido los sindicatos para exigir un acuerdo, conscientes de que detrás de Las Palmas vendrán otros puertos y, por tanto, otros agentes afectados por la merma de sus condiciones para trabajar con más seguridad.