Por orden de la Intervención de Armas de la Guardia Civil, la Policía Portuaria de Las Palmas se ha visto obligada a entregar sus defensas extensibles, una herramienta de autoprotección clave que los agentes venían utilizando desde hace casi dos décadas en los puertos de la provincia.
Este desarme parcial ha provocado una respuesta inmediata de los sindicatos, que denuncian una situación de "extrema vulnerabilidad" en labores de seguridad.
Y es que los puertos estatales están considerados infraestructuras críticas, con obligaciones estrictas en la gestión de los cruceros y las normativas contra el terrorismo, entre otros peligros potenciales.
Solo porras rígidas
A raíz de la resolución de la Guardia Civil, los policías portuarios, al comienzo de sus turnos, han comenzado a entregar a sus superiores los bastones extensibles. Este medio les permitía defenderse con más eficacia que la porra rígida tradicional, cuya longitud es de sólo 50 centímetros.
Ante la "gravedad de los hechos", los delegados del Sindicato Profesional de Policía y Bomberos (SPPLB), Artemis Casañas y Ayose Medina, y del Sindicato Obrero de los Puertos Canarios (SOPC), Nauzet González y Juan Francisco Romero, se han trasladado de urgencia a la sede de Puertos del Estado en Madrid para exigir la restitución inmediata de sus medios de defensa.
Competencias y seguridad
La medida ha causado un profundo malestar en la plantilla y en las cúpulas directivas locales, explican desde ambas formaciones sindicales, que están adscritas a la Federación de Sindicatos de Empleados Públicos (FSEP)
Desde los colectivos sindicales subrayan la incoherencia de la medida adoptada por la Guardia Civil, que se basa en un informe emitido por la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos (CIPAE), un órgano administrativo adscrito al Ministerio del Interior que se encarga de interpretar la normativa, asesorar y proponer actualizaciones en materia de armas, explosivos y artículos pirotécnicos.
El CIPAE funciona como un ente consultivo técnico, que colabora a menudo con la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE) para regular la seguridad pública en este sector, pero los sindicatos consideran que la regulación de los bastones extensibles se ha quedado obsoleta.
Formación adecuada
Los policías portuarios, además, tienen la consideración de autoridad y han recibido la correspondiente formación para usar estas armas. Es más, en puertos como Las Palmas, cuarto el año pasado en el sistema nacional, los agentes llevan 18 años portando estas defensas sin ningún tipo de conflicto jurídico o técnico.
Los puertos estatales que reciben cruceros turísticos tienen que cumplir la estricta normativa internacional ISPS/PBIP contra el riesgo terrorista. La Policía Portuaria es la encargada de los controles de acceso a buques. De ahí la pregunta retórica que se hacen los colectivos afectados: "¿Cómo es posible realizar tareas de prevención antiterrorista si se nos retiran los elementos de autoprotección?".
Exigencias a Puertos del Estado
En la reunión mantenida en Madrid, los representantes de los trabajadores han exigido a Puertos del Estado la mediación urgente en este conflicto, es decir, que emita un informe ante Interior y la Guardia Civil en defensa del uso de los bastones extensibles.
También reclaman el acceso al borrador del nuevo Reglamento de Policía Portuaria en el que está trabajando el organismo estatal, así como una mesa de negociación para que las aportaciones de los agentes sean escuchadas antes de aprobar cualquier cambio que afecte a su seguridad.
Alerta de movilizaciones
Los sindicatos advierten que este "despojo" de medios de defensa podría extenderse al resto de los puertos de España, lo que consideran un ataque directo a la profesionalización del cuerpo.
"No descartamos un calendario de movilizaciones", han sentenciado los portavoces, dejando claro que no permitirán que la seguridad de los agentes y de las infraestructuras clave del Estado se vea comprometida por una decisión técnica que los deja en la "indefensión absoluta".