La Policía Portuaria de Las Palmas baraja iniciar una campaña de movilizaciones si Puertos del Estado sigue adelante con la aprobación de un reglamento de explotación que les resta medios, competencias y abre la puerta a privatizar determinados servicios, explica Artemis Casañas, portavoz del Sindicato de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) en la Autoridad Portuaria.
La postura es compartida con el resto de compañeros de la Península. En Baleares, por ejemplo, ya se han tomado medidas de presión para evitar la retirada de barreras de extensión que afectan a la seguridad en la náutica de recreo.
Reunión
Casañas espera no tener que llegar a esos extremos en Las Palmas. Por eso se han reunido con Manuel Fajardo, que es senador por el PSOE, y le han pedido que medie con Puertos del Estado, cuyo presidente, Gustavo Santana, es canario y miembro del partido de Fajardo.
El nuevo reglamento de explotación está en fase de borrador y fue elaborado por el anterior equipo de Puertos del Estado, encabezado entonces por Álvaro Dapena.
Por eso, tras la toma de posesión reciente de Santana, el sindicato busca una reunión al más alto nivel para renegociar esa normativa.
Perjuicio
"Entendemos que el borrador que pretende aprobar Puertos del Estado abre la puerta a la privatización y la retirada de medios y de potestades a la Policía Portuaria en lugar de reglamentar", explica Casañas.
Los agentes, durante la reunión con el senador, le trasladaron la "preocupación" existente en el colectivo, al tiempo que pusieron sobre la mesa la "convocatoria de movilizaciones" si sale adelanta el modelo de reglamento confeccionado por el anterior presidente.
Autoridad
Entre los aspectos más polémicos destacan la pérdida de medios de protección y la automatización de servicios, lo que implicaría el uso de menos agentes en zonas abiertas para reciclarlos en otro tipo de actividades, así como la posible privatización de los puestos de control y accesos a los muelles comerciales.
La Ley de Puertos del Estado establece que los únicos servicios no privatizables son los relacionados con el ejercicio de la autoridad.
Por tanto, si se retiran medios y competencias para actuar en las zonas abiertas, sobrará plantilla porque se perderán funciones para ejercer la autoridad, "una muerte anunciada", detalla el portavoz sindical.
Sometidos a otros cuerpos
Ese cambio normativo, añade el colectivo, esconde la "privatización" de determinados servicios, tras quedarse los policías sin funciones y ser trasladados o reciclados en otros departamentos.
La "subordinación" a otros cuerpos de seguridad, en lugar de la colaboración actual, es otro de los puntos del nuevo reglamento con el que no están conformes, así como determinados aspectos relacionados con la digitalización e informatización de sus funciones.
Casañas avanza que cuenta con el respaldo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), cuya presidenta, Beatriz Calzada, no es partidaria de externalizar "ningún puesto de trabajo", según manifestó al sindicato en una reunión reciente.
Más recursos, no menos
Calzada apuesta porque los puertos que dirige tengan más recursos, no menos, como acredita la reciente petición de subir a la primera categoría del sistema portuario estatal.
La Policía Portuaria, además, es la encargada de controlar la seguridad en la llegada y la salida de los cruceros, los cuales están sujetos a importantes medidas de seguridad derivadas de los protocolos contra el terrorismo exigidos por la Unión Europea.