Ni en 2020 ni en 2025. La Comunidad Autónoma de Canarias continúa sin disponer del Registro de personal directivo de las sociedades mercantiles públicas, un instrumento clave para permitir una fiscalización exhaustiva de las empresas públicas por parte del Parlamento de Canarias y de la Audiencia de Cuentas. La ausencia de este mecanismo impide el acceso a información esencial sobre la estructura directiva y el funcionamiento del sector público empresarial.
Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, aprobados durante el Gobierno del Pacto de las Flores, establecían la obligación de crear este registro con el fin de centralizar los datos relativos al personal directivo de las empresas públicas y facilitar el control de su actividad.
Un registro clave para la transparencia
Según lo previsto en los presupuestos de 2020, la información incluida en el registro debía servir para elaborar un informe anual con la identidad de los directivos, sus retribuciones, las condiciones principales de los contratos de alta dirección, el sistema de provisión, la distribución de género y cualquier otra condición exigida por la normativa aplicable a los contratos del personal directivo público.
Sin embargo, tal y como recoge el último informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas, dicho registro no ha sido creado, lo que ha impedido la elaboración y remisión al Parlamento del informe anual conjunto sobre el personal directivo de las sociedades mercantiles públicas.
Incumplimientos reiterados
El órgano fiscalizador señala que en los informes de los últimos años se viene reiterando el incumplimiento por parte del Gobierno de Canarias de la obligación de crear el registro. Tanto en el informe correspondiente a 2023 como en el de 2024, la Audiencia de Cuentas deja constancia de la intención del Ejecutivo regional de poner en marcha los mecanismos necesarios para su implantación.
En este sentido, la Dirección General de Patrimonio y Contratación informó a la Audiencia de Cuentas de que la elaboración del reglamento destinado a “desarrollar y actualizar el régimen jurídico aplicable a la gobernanza de las sociedades mercantiles públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias” estaba incluida como actuación en su programa operativo de 2025.
Un reglamento aún en elaboración
Según recoge el informe de la Audiencia de Cuentas, dicho reglamento se encuentra actualmente en fase de elaboración, estando prevista la iniciación de las actuaciones administrativas necesarias para culminar el nuevo régimen jurídico en el segundo semestre de 2025. El plan operativo contempla, además, la actualización del régimen jurídico del sector público empresarial, con el objetivo de que antes de finalizar el año exista una propuesta de decreto y el inicio de su tramitación para aprobación.
No obstante, desde el departamento de Hacienda no se ha remitido información a este medio de comunicación sobre el estado actual de las actuaciones previstas.
Sin informes de evaluación y desempeño
A esta situación se suma que las sociedades públicas tampoco han remitido al Parlamento de Canarias el informe anual de evaluación y desempeño de las empresas públicas, otra obligación recogida en los Presupuestos de 2020. Este informe debía incluir el cumplimiento de los objetivos y la evaluación de los resultados de las entidades del sector público empresarial.
La Dirección General de Patrimonio y Contratación aseguró a la Audiencia de Cuentas que dicho informe estaba previsto para su emisión y remisión en el primer semestre de 2025, aunque el órgano fiscalizador señala que, a la fecha de cierre del informe, no había sido remitido al Parlamento.