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Manifestación por la vivienda en Las Palmas de Gran Canaria. / ÁNGEL G. MEDINA

Clavijo hace suyo el lema de los manifestantes por la vivienda: “El Gobierno de Canarias es una inmobiliaria”

El presidente responde a las críticas de PSOE y NC en el Parlamento por la gestión de la vivienda, mientras el consejero Pablo Rodríguez anuncia que la zona tensionada de Las Palmas saldrá este mes a información pública

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, ha defendido este martes en el pleno del Parlamento la política de vivienda del Ejecutivo autonómico. Lo ha hecho en respuesta a cuatro preguntas sobre el tema en la sesión de control, en las que también ha replicado a uno de los lemas de las movilizaciones por la vivienda: “Por supuesto que el Gobierno de Canarias es una inmobiliaria”.

Clavijo ha argumentado que su Ejecutivo tiene “más de 20.000 viviendas en cartera” para “los más desfavorecidos” y también ha asegurado que hay 4.000 viviendas públicas en construcción financiadas con presupuestos aprobados por su Gobierno.

El presidente ha respondido así a las críticas de PSOE y Nueva Canarias, que le reprochan la subida de los alquileres y su cercanía al sector inmobiliario. En la misma sesión, la oposición también ha preguntado por las zonas tensionadas, una declaración que por ahora solo ha solicitado formalmente un municipio en todo el archipiélago.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. / GOBIERNO DE CANARIAS

Cruce de reproches con el PSOE y NC

La frase de Clavijo respondía al portavoz socialista, Sebastián Franquis, quién afirmó que este lema evidencia que el Ejecutivo “actúa como medianero de los intereses privados” del sector. El socialista le reprochó que, tras 38 meses de gobierno, las familias sigan soportando subidas del alquiler y también ha sostenido que las viviendas públicas en construcción responden al plan de la legislatura anterior.

El presidente del Ejecutivo autonómico replicó que en 2026 se terminarán 7.500 viviendas privadas y que Canarias lidera en términos relativos la construcción de vivienda y los visados, según datos que atribuyó al Banco de España.

Por otro lado, el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, instó al presidente a elegir entre “los especuladores” y quienes no pueden acceder a una vivienda. Clavijo le respondió con las 4.000 viviendas públicas en construcción frente a las “cero” que, según él, se hicieron en la legislatura anterior.

Además, defendió que su Gobierno está con los inquilinos y con los pequeños propietarios, porque el 92% de los propietarios canarios tiene una o dos viviendas.

Limitar la compra a extranjeros

El presidente volvió a defender la limitación de la compra de vivienda por extranjeros, que según sus datos suponen un tercio de la demanda. y también recordó que su Gobierno ha trasladado al Ejecutivo central un proyecto de decreto ley sobre esta medida.

Clavijo preguntó también al PSOE si apoyará la firma de un convenio para construir vivienda pública. Según el presidente, el Estado aportaría 105 millones de euros y la comunidad autónoma, 200 millones.

Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas / GOBIERNO DE CANARIAS

Zonas tensionadas

Por otro lado, la diputada socialista Patricia Hernández preguntó al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, si se ratifica en que en Canarias no hay municipios que “merezcan” ser zona tensionada. Rodríguez respondió que “esto no es una cuestión de creencias, sino que es una cosa reglada” y explicó que la ley estatal fija los criterios, que la autonómica marca el procedimiento y que la solicitud corresponde a los ayuntamientos. 

Según el consejero, solo Las Palmas de Gran Canaria ha presentado formalmente su petición, hace “aproximadamente” dos años. El Gobierno le pidió dos veces más documentación, porque la aportada era “absolutamente insuficiente y fuera de rigor”. El Ayuntamiento la completó en abril, y el expediente saldrá a información pública este mes.

En la provincia occidental, Adeje sigue sin presentar la solicitud formal. El municipio tiene más camas turísticas que vecinos, y su pleno aprobó pedir la declaración en abril de 2024. Como publicó Atlántico Hoy, el Ayuntamiento ha encargado los informes técnicos a la ULL, aunque defiende que debía elaborarlos el Gobierno canario. En una línea similar, la FECAM se ha quejado de que el Ejecutivo “legisla pero no da fondos” a los ayuntamientos para elaborar estos informes.

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