Adeje, que suma 73.365 plazas turísticas frente a 50.021 vecinos según el índice de presión turística que publicó este medio, lleva dos años y medio sin ser zona de mercado residencial tensionado. Su pleno aprobó en abril de 2024 pedir la declaración, pero el Ayuntamiento siguen todavía sin presentar los informes técnicos que exige el procedimiento, sin los cuales la solicitud no puede tramitarse.
Por otro lado, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha afirmado a Atlántico Hoy que no le ha llegado ninguna documentación del municipio. El Ayuntamiento ha encargado ahora esos informes a la Universidad de La Laguna (ULL) y presentará la solicitud formal cuando tenga sus conclusiones, aunque mantiene que su elaboración debía corresponder al Gobierno canario.
Este retraso ya tiene algunas consecuencias. Este jueves ha entrado en vigor el primero de los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros, que permite a los ayuntamientos aprobar un recargo de hasta el 150 % en el IBI a las viviendas turísticas, pero solo en zonas tensionadas. Como ya avanzó Atlántico Hoy, esa medida no podrá aplicarse por ahora en ningún municipio canario.
Unos informes que aún no han llegado
Según explica el Ayuntamiento de Adeje a Atlántico Hoy, el Gobierno de Canarias le respondió "indicando que el Ayuntamiento debía ser el encargado de realizar los informes". Esa respuesta llegó, precisa el consistorio, "por escrito en un decreto del año 2025". El Ayuntamiento no compartía el criterio y entiende que la administración responsable "es el propio Gobierno de Canarias ya que dispone de todos los datos necesarios para ello".
La normativa canaria que regula el procedimiento atribuye esa tarea a los ayuntamientos y establece que la declaración "se inicia por el Ayuntamiento interesado", que debe presentar la solicitud acompañada de un análisis del mercado residencial con la evolución de precios y rentas, la delimitación de la zona, una memoria justificativa y un plan de medidas para tres años. Con esa documentación, el Gobierno canario puede pedir información adicional y debe abrir un periodo de información pública de al menos veinte días.
Tras meses y meses sin acuerdo, el Ayuntamiento ya ha accedido a elaborar los informes. Los ha encargado a la ULL, la misma institución a la que Granadilla de Abona recurrió este año para completar su propia petición. La solicitud formal, explica el consistorio, se presentará "tras estudiar las conclusiones" y cuando el equipo técnico lo indique.
Solo Las Palmas de Gran Canaria lo ha pedido formalmente
La Consejería asegura que el Ejecutivo "no se opone a la declaración de zonas tensionadas de entrada", siempre que los ayuntamientos entreguen toda la documentación que exige la ley. Según el propio departamento, las mociones aprobadas en pleno no bastan.
Hasta ahora, solo Las Palmas de Gran Canaria ha presentado una solicitud formal para declararse zona tensionada, según la Consejería. Su expediente está en la "fase final de análisis de la documentación" y el siguiente paso, si todo es correcto, será el trámite de información pública.
Mientras tanto, en Adeje, la petición sigue sin salir del pleno. El grupo municipal de Podemos ya reclamaba el pasado mes de marzo al grupo de gobierno que informara del estado del trámite, dos años después de que el pleno aprobara iniciarlo.
Recargo que aún no se puede aplicar
Con 146,7 plazas turísticas por cada 100 habitantes, Adeje encabeza la presión turística de la provincia occidental, por delante de Santiago del Teide y Valle Gran Rey. Del total de sus plazas, 25.283 están en viviendas vacacionales, repartidas en 5.953 inmuebles.
Precisamente esas viviendas son el objetivo del recargo del IBI que permite el nuevo decreto estatal: hasta el 50 % de la cuota, el 100 % si el propietario tiene dos o más y el 150 % si tiene cuatro o más. Para aplicarlo, Adeje necesita primero que el Gobierno canario lo declare zona tensionada.
Preguntado por si aplicaría ese recargo, el Ayuntamiento responde que "es demasiado pronto" y que su equipo jurídico deberá analizar el decreto y, en función de los informes que reciba, "adoptar una decisión".
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