El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado este jueves cambios legales para reforzar la protección de las personas en situación de vulnerabilidad ante los desahucios. El jefe del Ejecutivo autonómico ha defendido que Canarias no tiene capacidad normativa para impedir estos procedimientos y ha pedido al Gobierno central un marco jurídico que permita actuar en estos casos.
Clavijo se ha pronunciado en Las Palmas de Gran Canaria, antes del acto oficial de apertura del curso académico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), un día después del desalojo en Madrid de Maricarmen, una mujer de 87 años.
El presidente canario ha calificado de "terrible" la imagen del desahucio y ha considerado que el caso demuestra que "el sistema ha fallado".
Un caso también en Canarias
Las declaraciones de Clavijo se producen además cuando en Canarias está previsto para este viernes el desahucio de una mujer de 54 años en Granadilla de Abona, que, según el Sindicato de Inquilinas de Tenerife, padece un cáncer terminal y se encuentra en tratamiento de quimioterapia.
El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) ya ha contactado con el Ayuntamiento de Granadilla de Abona para recabar información sobre el caso y estudiar si existen posibilidades de intervenir para intentar paralizar el lanzamiento.
El consistorio, por su parte, ha señalado que sus Servicios Sociales están apoyando a la afectada y que trabaja junto al ICAVI para intentar suspender el desahucio por tercera vez. La vivienda es propiedad de un particular y, por el momento, no consta que el juzgado haya acordado un nuevo aplazamiento.
"El sistema ha fallado"
Clavijo ha lamentado que, en lugar de buscar soluciones, las administraciones estén "echándose las culpas unas a otras". A su juicio, el caso de Madrid evidencia la necesidad de revisar los mecanismos existentes para proteger a las personas especialmente vulnerables.
El presidente canario ha puesto el foco en las circunstancias de la mujer desalojada, tanto por su avanzada edad como por sus problemas de salud. "Se ha visto sometida a un desahucio que nadie desearía ni para sus abuelos ni para sus padres o madres", ha afirmado.
En el caso de Granadilla, el Sindicato de Inquilinas sostiene que la afectada depende de ayudas públicas y tiene reconocida una dependencia de grado 2, además de no disponer actualmente de una alternativa habitacional.
Canarias ofrece colaboración
Clavijo ha defendido que Canarias siempre ha estado "a favor de proteger a aquellas personas que tienen más vulnerabilidad" y ha asegurado que su Gobierno está dispuesto a colaborar con el Ejecutivo central para buscar soluciones.
"Estaremos encantados de colaborar y trabajar si el Gobierno de España así nos invitase", ha concluido.
La petición del presidente canario coincide con un contexto de presión sobre el acceso a la vivienda en las islas. Canarias registró 103 lanzamientos judiciales en el primer trimestre de 2026, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Durante todo 2025 se practicaron 1.426 lanzamientos en el Archipiélago.
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