El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha apelado a la “humanidad” de los presidentes autonómicos ante la acogida de menores migrantes, recordando que en un país de 49 millones de habitantes recibir a 4.000 niños “no debería suponer ningún problema”.
Clavijo hizo estas declaraciones en Santa Cruz de Tenerife, tras reunirse con el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, coincidiendo con la entrada en vigor del decreto que regula la capacidad máxima de los sistemas autonómicos de acogida de menores. Sus palabras llegan también tras el anuncio de varias comunidades gobernadas por el Partido Popular, que han decidido recurrir la norma.
Crítica al uso político
El presidente canario criticó el uso político del fenómeno migratorio: “Hay que aprender a gestionarlo con dignidad y no convertirlo en una herramienta de política xenófoba y fascista que muchas veces se vincula al color de piel de los migrantes. Hemos recibido a cientos de miles de ucranianos sin esta contestación del populismo de derechas que ahora observamos”.
Sobre los recursos presentados al decreto, Clavijo afirmó que no cree que puedan ralentizar las derivaciones, ya que sería necesario recurrir a medidas cautelares. Recordó que tanto el Tribunal Supremo, en tres autos distintos, como el Constitucional han defendido la protección prioritaria de los menores. “El Constitucional también reconoció que la cuestión de los menores es una competencia compartida entre comunidades y el Gobierno de España, que debe garantizar la solidaridad y la integración”, añadió.
Críticas a la lentitud
El presidente lamentó la lentitud en el traslado de los menores hacia la península, que se está produciendo “a cuentagotas”. Admitió que el proceso podría mejorar, aunque señaló que la responsabilidad es compartida por todas las partes.
Para agilizar la gestión, Clavijo anunció la incorporación de 26 nuevos trabajadores hasta final de año, que se encargarán de tramitar la documentación relacionada con la tutela de los niños y adolescentes no acompañados.
Papel de la Fiscalía
También se mostró “convencido” de que, en caso de que alguna comunidad se niegue a acoger a los menores, la Fiscalía intervendrá de oficio. Según dijo, esta institución ya ha contribuido en varias ocasiones a que “impere el sentido común”.
Por último, explicó que debido a que la capacidad de Canarias está triplicada, los menores que lleguen a las islas serán derivados de manera automática a una comunidad autónoma de destino, incluso aunque no tengan todavía asignada la protección internacional.