El enfrentamiento entre el Gobierno de Canarias y el Estado por la gestión del crucero MV Hondius parece no parar. El presidente canario, Fernando Clavijo, volvió a cargar este miércoles contra el Ejecutivo central durante una comparecencia en el Parlamento regional. En su intervención acusó al Estado de "arrogancia, prepotencia, imposición y ocultación de información vital” durante el operativo realizado en el puerto de Granadilla.
Clavijo defendió que el Ejecutivo autonómico actuó "con responsabilidad, humanidad y máximo celo desde el primer momento", aunque insistió en que la crisis sanitaria "fue una decisión adoptada a más de 5.000 kilómetros de Canarias". El presidente aseguró que el Gobierno regional "conoció la situación como probablemente toda la ciudadanía, a través de los medios de comunicación", y reprochó de nuevo al Estado "la falta de información sobre aspectos clave del operativo".
Durante su intervención, se preguntó "por qué el crucero no continuó hasta Países Bajos, por qué no se resolvió la situación en Cabo Verde y por qué no se realizaron PCR a todos los pasajeros y tripulantes antes de la llegada del barco a Canarias".
Alternativas
Según Clavijo, el Gobierno canario planteó alternativas "para reducir riesgos", entre ellas "realizar pruebas diagnósticas antes del desembarco, concentrar toda la operación en una sola jornada y disponer de medios suficientes para evitar que el barco permaneciera más tiempo del necesario en aguas canarias". Según dijo, todas esas propuestas "fueron rechazadas por el Estado".
De hecho, insistió en que "el tiempo, la evolución y los días posteriores nos han dado la razón” haciendo referencia "a los contagios confirmados posteriormente" vinculados al MV Hondius. El presidente mencionó "la capacidad científica y sanitaria de Canarias para afrontar este tipo de crisis", destacando "el trabajo de hospitales universitarios, laboratorios, universidades públicas y del Instituto de Enfermedades Tropicales".
"Dimos un paso al lado"
Clavijo explicó que decidieron "dar un paso al lado, no atrás" para no "entorpecer el operativo y permitir que se desarrollara con rapidez", aunque volvió a repetir que no quisieron "ser cómplices de una decisión adoptada sin información, sin respeto institucional y sin atender ninguna de las garantías solicitadas".
Afirmó asimismo que el Gobierno de España "actuó al margen de las instituciones canarias" y criticó que "se pretendiera trasladar al Gobierno autonómico la responsabilidad de autorizar una operación cuyas condiciones no compartía".