El Congreso ha convalidado este jueves el real decreto ley aprobado por el Gobierno para la reubicación de menores migrantes no acompañados desde zonas con recursos tensionados como Canarias a otras autonomías, con el apoyo de los socios de investidura y el voto en contra de PP y Vox.
Con 179 votos a favor, 170 en contra y 1 abstención, el Congreso ha refrendado el texto, que modifica el artículo 35 de la ley de extranjería para articular un mecanismo permanente de distribución de los jóvenes, tras el acuerdo alcanzado con Junts el pasado 17 de marzo para que la formación independentista lo apoyara.
Un contraste con el rechazo previo de julio de 2023
Es un resultado muy diferente al del 23 de julio del año pasado, cuando un texto parecido, en forma de proposición de ley registrada por PSOE, Sumar y Coalición Canaria, no superó su primer paso de tramitación por la oposición del PP, Vox y Junts.
Tras la votación, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, han celebrado el resultado con un emocionado abrazo. La de hoy ha sido la última intervención del ministro en el Congreso antes de ser operado por el cáncer que padece.
Un nuevo mecanismo de traslado para 2024
Esta convalidación permite al Gobierno seguir adelante con la puesta en marcha del nuevo mecanismo, que en el primer año supondrá el traslado de unos 4.000 jóvenes desde Canarias y 400 desde Ceuta —las cifras aún no están cerradas— y permitirá a las regiones sobrepasadas derivar en 15 días a los nuevos menores que reciban.
El siguiente paso será la celebración de una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, el próximo 28 de abril, donde se establecerán los criterios para la reubicación, a pesar de que el Gobierno aún no cuenta con los datos correctos de todas las comunidades.
Llamamientos al voto "en conciencia" a diputados canarios del PP
En el debate, al que asistió desde la tribuna de invitados el presidente canario, Fernando Clavijo (CC), PP y Vox se quedaron solos al votar en contra frente al resto de grupos, que hicieron una defensa cerrada del texto y apelaron a los diputados canarios del PP para que voten en conciencia y a favor de su tierra, criticando además el "racismo" de Vox.
Tanto Ángel Víctor Torres como el diputado del PSOE, Luc Andre Diuf, preguntaron a los diputados del PP canario si "dejarán tirados" a sus vecinos, recordando que esta norma es fruto del diálogo entre el Gobierno y Canarias, donde el PP cogobierna con Coalición Canaria y que cuenta con el apoyo de todos los partidos del Pacto canario por las Migraciones, incluido el PP autonómico.
Críticas al "doble discurso" del PP
El diputado de Sumar, Vicenç Vidal, criticó al PP su doble vara de medir con respecto a los migrantes y cuestionó qué harán las comunidades gobernadas por este partido cuando su sistema de acogida colapse: "Hoy se aprueba un mecanismo de solidaridad útil para Ceuta, Canarias y otros territorios como Murcia o Baleares".
En el mismo sentido, la diputada de Podemos, Noemí Santana, acusó al PP de mantener un "doble discurso" entre Canarias y otras comunidades. También mostró su apoyo el diputado de ERC, Jordi Salvador, quien defendió que estos niños "no son una carga, ni una amenaza, ni un problema", y que son una responsabilidad colectiva.
Junts y Bildu valoran el acuerdo con el Gobierno
El diputado de Junts, Josep María Cervera, puso en valor el acuerdo con el Gobierno, que pone fin a un sistema de reparto que no funcionaba, y que, según dijo, por el incumplimiento de otras comunidades, presionaba innecesariamente a Cataluña.
También como algo "positivo" calificó el decreto el diputado de EH Bildu, Jon Iñárritu, quien valoró el avance hacia una mirada unificada hacia la infancia, venga de donde venga, y reprochó al Gobierno su oposición inicial a hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo a los que obligó el Supremo.
PP y Vox hablan de "chantaje" e "islamización"
Por contra, la diputada del PP, Ana Isabel Alós, cargó con dureza contra el real decreto, calificándolo de "parche" y "chapuza administrativa" que no resolverá el problema de Canarias, pues "solo reparte el problema sin abordar sus causas".
Recordó que el decreto es fruto de la cesión al chantaje de los independentistas para delegar competencias en inmigración a Cataluña, utilizando a los menores como "moneda de cambio".
Vox, por su parte, también rechazó la medida, que consideró "otro paso más en el efecto llamada de la mano de las mafias", y volvió a cargar contra la inmigración irregular, responsabilizándola de la "progresiva islamización de Europa".