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Política

Conrado Domínguez solicita la nulidad de las actuaciones en el 'caso Mascarillas'

Considera que el juzgado no era competente para investigar los hechos porque afectaban a las finanzas de la Unión Europea

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Conrado Domínguez tras prestar declaración ante el juez por el 'caso Mascarillas'. / Atlántico Hoy

Conrado Domínguez ha pedido este lunes al Juzgado de instrucción Nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria que se declare la nulidad de todas las actuaciones judiciales del 'caso Mascarillas', según ha podido conocer Atlántico Hoy. La defensa del ya exdirector del Servicio Canario de la Salud (SCS) considera que el juzgado no era competente para instruir el caso debido a que los hechos presuntamente delictivos afectaban a las finanzas de la Unión Europea (UE).

Se trata de la primera consecuencia del traslado del caso Mascarillas a la Fiscalía Europea (FE) decretada este lunes por el juez instructor. Para la defensa de Domínguez, ese traslado se debería haber producido en cuanto tuvo conocimiento del caso, pues desde la denuncia formulada en Fiscalía se sabía que afectaba o perjudicaba a las finanzas de la UE, y por lo tanto el juzgado no era competente y tampoco tenía jurisdicción para llevar a cabo las actuaciones procesales.

Dimisión de Domínguez

La defensa de Domínguez argumenta que cuando el “Ministerio Fiscal o un órgano judicial haya iniciado una investigación por hechos cuya competencia podría ser ejercida por los Fiscales europeos delegados, lo pondrán en conocimiento de estos a los efectos de permitir el ejercicio del derecho de avocación en los términos previstos en el artículo 27 del Reglamento y deberán abstenerse de tomar decisiones que puedan impedirlo, sin perjuicio de adoptar aquellas urgentes dirigidas a asegurar la investigación y el ejercicio de la acción penal”.

El caso Mascarillas provocó la dimisión de Conrado Domínguez como director del SCS el pasado 3 de noviembre, justo antes de que el Consejo de Gobierno de Canarias aprobara su destitución después ser acusado por la Fiscalía Anticorrupción de prevaricación y de tráfico de influencias tras aprobar el pago de cuatro millones de euros a RR7 United –una empresa que tiene como objeto social la compra-venta de automóviles y sin experiencia alguna en la importación de material sanitario– por la compra de un millón de mascarillas 3M modelo 1860 NP95 que la administración pública nunca recibió.