El Consejo Económico y Social (CES) de Canarias considera que la legislación sanitaria del archipiélago ha quedado claramente superada por la realidad actual y reclama una reforma de calado. En especial, pone el foco en la Ley de Ordenación Sanitaria, vigente desde 1994, al entender que su antigüedad compromete la igualdad en el acceso a la sanidad entre islas.
El órgano consultivo advierte de que mantener un marco normativo obsoleto dificulta responder a los retos actuales y puede derivar en desigualdades territoriales en la atención sanitaria, una situación que considera inaceptable en una comunidad fragmentada geográficamente como Canarias.
Aval al anteproyecto, pero con reservas
Estas conclusiones figuran en el dictamen aprobado por unanimidad por el pleno del CES el pasado 14 de enero, relativo al Anteproyecto de Ley de Salud Pública de Canarias y a la creación de la Agencia Canaria de Salud Pública. El Consejo valora la iniciativa como un paso positivo, aunque insuficiente si no va acompañada de una revisión integral del sistema sanitario.
En un comunicado difundido este lunes, el CES subraya que el nuevo texto introduce enfoques modernos, pero alerta de que estos no encajan plenamente con la normativa vigente, lo que podría generar incoherencias legales y operativas si no se acomete una reforma más amplia.
La salud pública como inversión social
El presidente del CES, José Carlos Francisco, defiende que reforzar la salud pública no es solo una cuestión sanitaria, sino una inversión en prevención, seguridad y cohesión social, que debe beneficiar a toda la ciudadanía con independencia de su lugar de residencia. El dictamen, precisa, fue elaborado a petición de la Presidencia del Gobierno de Canarias.
Desde el Consejo se insiste en que cualquier avance legislativo debe garantizar un modelo homogéneo, evitando diferencias en la calidad asistencial o en los tiempos de respuesta entre islas.
Digitalización y nuevos desafíos
Entre las prioridades señaladas por el CES figura la incorporación decidida de la digitalización y las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, como herramientas clave para mejorar la eficiencia y eficacia del sistema sanitario canario.
El presidente de la Comisión de Política de Bienestar Social del CES, Sergio Melián, sostiene que una Ley de Salud Pública moderna solo será efectiva si se apoya en un marco sanitario actualizado que asegure equidad, eficacia y cohesión territorial.
Actualizar una ley pensada para otro contexto
El Consejo recuerda que la Ley de Ordenación Sanitaria fue diseñada en un contexto social y demográfico muy distinto al actual. Por ello, considera urgente adaptar la normativa a fenómenos como el envejecimiento poblacional, las desigualdades sociales y territoriales, el cambio climático, los riesgos sanitarios globales y la transformación digital.
Para Melián, reforzar la salud pública va más allá de una política sectorial y se convierte en un pilar del bienestar colectivo y de la resiliencia social frente a futuras crisis.
Igualdad sanitaria entre islas
El CES rechaza de forma explícita que pueda existir una sanidad de primera y de segunda en función de la isla de residencia. A su juicio, la cohesión territorial debe ser un principio irrenunciable de cualquier política pública en Canarias.
En este sentido, el dictamen plantea la necesidad de garantizar la homogeneidad en la calidad asistencial y en los tiempos de respuesta del sistema sanitario en todo el archipiélago.
Propuestas concretas y salud mental
Entre las recomendaciones incluidas figuran el refuerzo de los recursos humanos y tecnológicos por isla, la elaboración de planes insulares para reducir brechas sanitarias y el impulso de programas de prevención comunes en todo el territorio.
El Consejo otorga además un papel central a la salud mental, proponiendo su integración explícita en las políticas públicas, con programas de prevención, promoción y atención adaptados a las características de cada población.
Seguridad jurídica y buenas prácticas
El dictamen también subraya la importancia de motivar jurídicamente el régimen sancionador previsto en la futura ley y de fomentar una mayor cultura de salud pública entre la ciudadanía, para facilitar el cumplimiento de las medidas.
Por último, el CES recomienda que la Agencia Canaria de Salud Pública adopte estándares de buenas prácticas, como certificaciones de calidad tipo ISO o equivalentes, con el fin de reforzar la seguridad jurídica, garantizar la calidad de sus actuaciones y mejorar su proyección pública.