Como ya hizo con los ayuntamientos canarios y con el Gobierno regional, la Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) ha analizado si los siete cabildos cumplen con la ley que obliga a la programación de la contratación pública. Cada año, las instituciones insulares licitan, adjudican y encargan proyectos por millones de euros, pero la realidad es que este desembolso de dinero público adolece de una adecuada planificación. Así lo concluye, una vez más, la ACC, que advierte de “debilidades” en la planificación contractual; en algunos casos, incluso, esta brilla por su ausencia.

En términos generales, el informe sobre el seguimiento de la programación contractual en los Cabildos Insulares y sus entidades dependientes detecta que esta sigue siendo insuficiente en el conjunto de administraciones insulares. La carencia es especialmente acusada en consorcios, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro, donde el cumplimiento es prácticamente inexistente. Incluso entre los propios cabildos, concretamente los de La Gomera, Lanzarote y Fuerteventura, no se programa la actividad contractual, lo que evidencia un incumplimiento significativo de la ley.

Falta de planificación estructural

Cuando sí existe programación de contratos, esta suele concentrarse en los perfiles de contratación de los órganos centrales, es decir, en plenos o presidencias, sin trasladarse adecuadamente al conjunto de órganos de contratación que integran cada entidad. Aunque en muchos casos estos documentos se publican en las páginas web institucionales, su elaboración presenta importantes deficiencias: no se realiza con la antelación suficiente al ejercicio correspondiente ni incluye toda la información exigida.

Otro de los problemas relevantes es la falta de seguimiento y evaluación. Concluye la ACC que, salvo en el caso del Cabildo de Tenerife, no se elaboran informes que permitan medir el grado de ejecución de las programaciones. Además, se observa que, por lo general, el volumen de contratación ejecutada supera ampliamente lo inicialmente previsto, lo que pone en cuestión la utilidad real de estos instrumentos de planificación.

Débil control y escasa evaluación

Las entidades dependientes de los cabildos, como sociedades mercantiles o entes públicos, tampoco suelen programar su actividad contractual, incluso cuando la administración matriz sí lo hace. No obstante, se detecta una ligera mejora en 2024 y 2025 en cuanto a la publicación de programaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público, aunque esta evolución sigue siendo insuficiente.

El análisis individual por cabildos muestra una realidad heterogénea. El Hierro cumple parcialmente en 2023 y 2024, aunque con carencias de contenido, y deja de programar en 2025; La Gomera no programa en ningún ejercicio; La Palma elabora programaciones completas, pero fuera de plazo; Lanzarote y Fuerteventura no cumplen, aunque el primero muestra avances incipientes. Tenerife destaca por programar y evaluar, aunque de forma tardía e incompleta, mientras que Gran Canaria mantiene una práctica habitual de programación, generalmente en plazo, pero sin incluir toda la información requerida ni realizar evaluaciones.