El director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Manuel Acosta, ha advertido este viernes de que el actual reparto competencial sobre el litoral sitúa a la comunidad autónoma en una posición de debilidad frente al Estado, al mantener éste el control sobre los deslindes.
Durante su intervención en comisión parlamentaria, Acosta sostuvo que esta situación otorga al Estado una herramienta que puede utilizarse para “agredir a Canarias”, al condicionar decisiones clave sobre el territorio costero. En este sentido, señaló como ejemplo el caso del municipio de Yaiza, donde el inicio de un deslinde de 22 kilómetros tras la suspensión del plan general ha afectado a la planificación de una zona turística estratégica.
Según explicó, esta intervención ha tenido consecuencias no solo sobre el turismo y la economía, sino también sobre la vida de los ciudadanos, una situación que, aseguró, se ha repetido en otros puntos del archipiélago, como en algunas áreas de Gran Canaria.
Traspaso
Acosta también criticó el alcance del traspaso de competencias firmado en 2022, al considerar que ha “lastrado” la acción de la Dirección General desde su creación en 2023. En su opinión, el Gobierno autonómico ha asumido costes de personal y estructura sin disponer de una capacidad normativa plena, lo que limita su margen de actuación. En paralelo, defendió la necesidad de aprobar una ley canaria de costas que permita ordenar el litoral dentro del marco actual, aunque reconoció que esta norma no resolverá la situación de los núcleos afectados mientras no se modifique la legislación estatal vigente desde 1988. El Ejecutivo autonómico trabaja ya en su elaboración con cabildos, ayuntamientos y colectivos sociales, con la previsión de que llegue al Parlamento.
El director general subrayó además que el Estatuto de Autonomía reconoce la competencia de gestión del litoral, si bien el decreto de transferencia aprobado en 2023 no otorga nuevas competencias, sino que se limita a organizarlas. Este marco, recalcó, reduce la capacidad de actuación en un ámbito que concentra en torno al 80 % del PIB del archipiélago. Entre las limitaciones, destacó que Canarias no dispone de la última palabra en la toma de decisiones sobre su costa, a diferencia de otras comunidades como Galicia o el País Vasco, al estar sujeta a informes estatales vinculantes que pueden bloquear proyectos.
Grupos
Durante la comisión, los grupos parlamentarios mostraron posiciones divergentes. El diputado del PSOE, Rafael Nogales, denunció la ausencia de una política eficaz en materia de costas y criticó que la Dirección General no tenga presencia real en los municipios afectados por los deslindes. Por su parte, la diputada de Vox, Paula Jover, cuestionó la estrategia del Ejecutivo autonómico y defendió la necesidad de reformar la ley estatal mediante el consenso entre comunidades, en lugar de reforzar el autogobierno.
Desde Nueva Canarias, Carmen Hernández defendió el autogobierno como un derecho constitucional y consideró que la transferencia de competencias se realizó de forma incompleta, dificultando su aplicación. En la misma línea, el portavoz de Coalición Canaria, David Toledo, denunció una “invasión competencial” por parte del Estado y criticó la falta de herramientas normativas para dar respuesta a los problemas del litoral. Finalmente, la diputada del Partido Popular, Jennifer Curbelo, coincidió en que la transferencia está mal planteada y lamentó que las propuestas de reforma impulsadas por su partido en las Cortes no hayan podido debatirse.