Incertidumbre, desasosiego, miedo y decepción son solo algunos de los sentimientos que está provocando la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, desde el pasado 20 de mayo, en las partes interesadas, tanto a personas, a nivel particular, como a ONGs, a nivel general.
Diferentes entidades sociales no gubernamentales (Cáritas, Andalucía Acoge, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes), siguen alzando la voz. Ya lo hicieron antes, cuando se empezó a tramitar la norma a raíz de la directriz europea, y ahora, desde su puesta en marcha.
Luces y sombras
Entre los aspectos positivos, se destaca la flexibilización de ciertos requisitos para regularizar a personas extranjeras en situación irregular en España. Por ejemplo, según indican desde Cáritas, “en el caso del arraigo social, se reduce en un año el tiempo de residencia necesario para solicitarlo”.
Sin embargo, se mantiene que para un número muy importante de personas sea necesario vivir al menos dos años de manera irregular – con el impacto que esto tiene en sus condiciones de vida – para poder acceder a una autorización de residencia y trabajo.
Francamente mejorable
A prácticamente nadie se le escapa que la entrada en vigencia del reglamento “es francamente mejorable” y supone un impacto en los derechos de las personas migrantes. En este sentido, las ONGs alertan sobre las graves consecuencias que tendrá la aplicación para miles de solicitantes de asilo cuyas solicitudes sean rechazadas o que han desistido de sus solicitudes por temor a las consecuencias de la nueva regulación de extranjería.
Estas personas, durante el periodo de tramitación de la solicitud (uno o dos años), contaban con una autorización para permanecer y trabajar en el Estado español. Con la reforma del Reglamento, la denegación de la solicitud de asilo supondrá no solo la pérdida de esta autorización, sino que, deberán esperar dos años más para poder solicitar una autorización por arraigo, porque no se les reconocerá el tiempo de permanencia previo.
La ILP se reactiva
Teniendo en cuenta lo expresado -y lo que está sucediendo desde la puesta en marcha del Reglamento-, el Ejecutivo Central ha decidido dar un nuevo impulso a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se tramitaba en el Congreso y que quedó “estancada” ante la reforma del Reglamento de Extranjería.
“Están negociando el texto para constituir la ponencia y que vaya al Congreso a su aprobación definitiva”, confirma a Atlántico Hoy la diputada nacional por Coalición Canaria, Cristina Valido.
La ILP contó desde sus inicios con el apoyo de todos los grupos en el Parlamento nacional, a excepción de VOX, como así nos recuerda la diputada. “Ahora, una vez se constituya la ponencia se llevará el texto definitivo al Congreso , y tendrá que votarse de nuevo”, puntualiza.
Aprobación definitiva
CC votó a favor de la admisión a trámite “porque entendimos que hay que dar una solución a muchísimas personas que conviven con nosotros y que llevan años esperando para regularizar su situación. Además, muchas de ellas, se encuentran desempeñando trabajos sin papeles y hay que darles una salida”, asevera.
Lo cierto es que miles de personas, en el intento de regularizar su situación, se podrían quedar en un limbo administrativo, como así lo advierten desde distintas ONGs. Al respecto, Valido insiste en la necesidad de contar cuanto antes con la Proposición de Ley, “sobre todo pensando en toda esta gente que se queda en un limbo y son vecinos y amigos nuestros que están aquí”.
Incomprensible
“Estas personas tienen trabajo o pueden trabajar. Estas personas ya tienen su vida desarrollada en las islas y a raíz de la aplicación del Reglamento se encuentran en una situación incomprensible”, matiza.
En relación a la puesta en marcha del reglamento, la diputada nacional eleva también la crítica por las circunstancias en las que se encuentran las Oficinas de Extranjería en Canarias.
Falta de personal
Hace unos días trabajadores de estas entidades expresaban sus quejas en declaraciones a este periódico, reprochando la falta de recursos, sobre todo en lo que se refiere a personal, lo que les impide hacer frente a la aplicación de la Ley como desearían.
Cristina Valido insiste que la situación de estas oficinas ha sido objeto de numerosas quejas por su parte, “nosotros hemos advertido mucho tiempo, no solo ahora por la entrada en vigor del Reglamento, sino por otros muchos motivos. La situación en la que se encuentran las Oficinas de Extranjería es absolutamente escandalosa”.
“Es algo diario, colas y colas de personas para refrendar una documentación”, subraya. Añade, además, que a nadie le puede sorprender el déficit de personal porque es algo de lo que se viene quejando repetidas veces. “Hemos pedido refuerzo de personal para esas Oficinas en muchas ocasiones en el Congreso. Por tanto, ¡esto no puede ser…!”, acuña.