El Gobierno de España confía en llegar a un acuerdo con el Ejecutivo canario que evite que sus discrepancias sobre hasta dónde llegan las competencias en materia de costas traspasadas a la comunidad autónoma terminen en el Tribunal Constitucional, según ha señalado la ministra Teresa Ribera.
La ministra de Transición Ecológica se ha reunido este jueves en Las Palmas de Gran Canaria con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para analizar varios asuntos pendientes, entre los que ambos han precisado que no estaba el contencioso sobre las competencias de costas, que se va abordar próximamente en una Comisión Bilateral.
Discrepancias
El Gobierno de Canarias discrepa de que Transición Ecológica se reserve parte de las decisiones relativas a la gestión del litoral en las islas, a pesar de que las competencias fueron transferidas el 1 de enero, y no está de acuerdo con que no le haya traspasado la decisión sobre algunos expediente iniciados con anterioridad, como el de el relativo a los hoteles de Riu en las dunas de Corralejo.
Al ser preguntados por el asunto, tanto Ribera como Clavijo se han remitido a la Comisión Bilateras Canarias-Estado que el Ministerio de Política Territorial ha anunciado que será de las primeras que se celebren este año, a la que falta fijar fecha concreta, porque las dos administraciones están intentando coordinar agendas.
Entendimiento
Los dos han abogado por llegar a un entendimiento: Clavijo, sin extenderse más al respecto, porque no estaba presente en la reunión el consejero responsable de Costas (Pablo Rodríguez), y Ribera, explicando y defendiendo la postura de su Ministerio. La titular de Transición Ecológica ha recalcado que el traspaso de Costas concedido a Canarias es igual al que se tramitó antes con la Junta de Andalucía y el Govern de Baleares y ha enfatizado que con las tres comunidades autónomas el ministerio se conduce en esta materia de la misma forma.
También ha defendido que mantienen el criterio de conservar la gestión en ciertas cuestiones que atañen a la titularidad del dominio público marítimo-terrestre (que sigue perteneciendo al Estado) y el control sobre expedientes iniciados antes de firmarse el traspaso.
El Gobierno de Canarias ya ha puesto en marcha formalmente el mecanismo para solucionar esas diferencias, que pasa, primero, por buscar una interpretación aceptada por las dos partes en la Comisión Bilateral, con la opción de pedirle al Constitucional que resuelta el conflicto de competencias si no hubiera acuerdo posible.