La disputa por las siglas UPC sube un escalón judicial. Drago Canarias ha llevado el conflicto hasta el Tribunal Constitucional, después de presentar dos recursos de amparo electoral contra la denominación de la coalición formada por Nueva Canarias, Podemos, Izquierda Unida y Sumar para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
La formación asegura que ha dado este paso a petición expresa de Movimiento UPC, un partido inscrito en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior que, según Drago, considera que el uso de esas siglas por otra candidatura perjudica sus derechos de representación e identidad política.
Los recursos fueron formalizados el 9 de noviembre y solicitan al Constitucional que ordene modificar la denominación de la coalición o retirar el acrónimo UPC de las papeletas electorales. Drago insiste en que no pretende excluir a los candidatos de las cuatro formaciones que integran la candidatura.
El conflicto llega al Constitucional
La iniciativa da continuidad a los recursos contencioso-electorales que Drago presentó la semana pasada ante las juntas electorales provinciales de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. La formación ya había cuestionado la proclamación de la candidatura por considerar que el nombre Unidad del Pueblo Canario (UPC) puede generar confusión entre los votantes.
Hasta ahora, el argumento de Drago se había centrado tanto en la coincidencia con las siglas de la histórica Unión del Pueblo Canario como en la existencia de Movimiento UPC, una formación política registrada legalmente.
Ahora, la organización sostiene que el partido afectado le ha pedido expresamente que lleve el asunto ante el Constitucional. En sus escritos invoca el artículo 23 de la Constitución, relativo al derecho de participación política, y el artículo 46.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), sobre los elementos identificativos de las candidaturas.
Drago habla de un uso oportunista
Entre los argumentos que incorpora a los recursos, Drago señala unas declaraciones públicas de representantes de la coalición en las que, según la formación, se presentó la recuperación de las siglas UPC como un "guiño" a una marca histórica que los vecinos de los barrios reconocerían.
La organización considera que esas manifestaciones demostrarían una intención de aprovechar el reconocimiento asociado a las siglas. También sostiene que el uso de la denominación puede inducir a error al electorado al coincidir con la de un partido que continúa inscrito en el registro oficial.
Se trata de los argumentos de Drago Canarias, que acusa a la coalición de apropiarse de una identidad política ajena. La formación vuelve a recalcar que su petición no pasa por anular las listas de Nueva Canarias, Podemos, IU o Sumar, sino por modificar el nombre de la candidatura antes de la celebración de las elecciones.
Una disputa en plena campaña
La polémica se ha convertido en uno de los principales choques entre las fuerzas de la izquierda canaria a pocas semanas de los comicios. Drago ya había cuestionado el uso de las siglas UPC y, además, mantiene otra reclamación ante la Junta Electoral Central por su exclusión del reparto de propaganda gratuita y de determinados espacios de cobertura informativa.
Con la llegada del conflicto al Constitucional, la batalla por las siglas entra ahora en una fase decisiva. Drago reclama una resolución preferente y urgente que permita modificar los elementos identificativos de la coalición antes del 29 de noviembre, para evitar que las papeletas lleguen a las urnas con la denominación cuestionada.
La formación vuelve a enmarcar esta actuación en su defensa del pluralismo político y de los derechos electorales. Mientras tanto, la izquierda canaria sigue sumando episodios de confrontación en una campaña en la que las diferencias entre sus organizaciones están teniendo tanto protagonismo como sus propuestas para los votantes.
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