La inclusión educativa en Canarias ya no se plantea como un objetivo a largo plazo, sino como un proceso en marcha que busca consolidarse con más recursos, más profesionales y un nuevo marco legal propio, según las palabras del consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, quien defendió este lunes en el Parlamento los avances impulsados durante la legislatura en materia de atención a la diversidad, en un contexto en el que el sistema educativo canario trata de adaptarse a realidades cada vez más complejas dentro de las aulas.
Sobre la mesa se encuentra una futura Ley de Atención a la Diversidad y Bienestar del Alumnado que, según explicó, aspira a convertirse en la primera norma específica en España centrada en este ámbito. El texto, actualmente en tramitación, nace con la intención de redefinir el modelo de inclusión educativa en las Islas y reforzar la coordinación entre todos los agentes implicados.
Mayor integración
Uno de los cambios que plantea la nueva regulación afecta directamente al modelo de aulas Enclave. La propuesta pasa por evolucionar hacia fórmulas que permitan una mayor integración del alumnado en los grupos ordinarios, sin renunciar a los apoyos especializados. La idea es mantener al alumnado dentro de su grupo de referencia, con una atención más flexible y adaptada a sus necesidades.
El reto, sin embargo, no es solo pedagógico, sino también territorial. La dispersión geográfica del Archipiélago y la doble insularidad siguen condicionando el acceso a los recursos, por lo que la futura ley pone el foco en evitar que el lugar de residencia marque diferencias en la atención educativa.
39 profesionales de la psicología
En paralelo, el bienestar emocional gana peso dentro del sistema. A partir del próximo curso, está prevista la incorporación de 39 profesionales de la psicología en los centros educativos, con una inversión de 2,2 millones de euros. El objetivo es reforzar la prevención, la detección temprana y el acompañamiento tanto del alumnado como de sus familias.
Detrás de estas medidas hay un incremento sostenido de recursos. Canarias cuenta actualmente con 1.902 profesionales de apoyo no docente, el doble que en la anterior legislatura. A ellos se suman más de 3.500 docentes especializados en atención a la diversidad para el curso 2025/2026, tras la incorporación de más de 850 efectivos desde 2023.
Más medios
El aumento de medios también se traduce en cifras de atención. Más de 5.000 estudiantes con necesidades específicas reciben actualmente apoyo educativo en las Islas, lo que supone 2.100 más que al inicio de la legislatura. Un crecimiento que, según el consejero, ha permitido avanzar hacia una atención más personalizada.
La inversión ha ido acompañada de cambios en la estructura del sistema, con el refuerzo de los equipos de orientación educativa y de los servicios especializados en discapacidad sensorial, motora y trastornos del desarrollo. También se han ampliado los recursos para la atención temprana, las altas capacidades y las alteraciones emocionales y de conducta.
Proyecto de inclusión
En este escenario, los programas específicos siguen ganando espacio. El proyecto de inclusión para alumnado con trastorno del espectro autista (TEA), por ejemplo, ha pasado de 34 centros a 52 en dos cursos, impulsando la docencia compartida y la presencia de apoyos especializados en el aula.
Pese a los avances, el mensaje que trasladó Suárez apunta a la continuidad del esfuerzo. La inclusión, insistió, no se construye con medidas puntuales, sino con planificación y recursos sostenidos en el tiempo. La futura ley, junto al refuerzo presupuestario y de personal, pretende ser el siguiente paso en ese proceso.