La Plataforma Canaria de Educación Inclusiva ha pedido al consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, que aclare cuál es el objetivo real de inclusión educativa en la comunidad autónoma, en qué plazo se pretende alcanzar y cómo se está traduciendo el incremento presupuestario anunciado en resultados concretos para el alumnado.
La petición llega después de que el consejero informara en el Parlamento de un aumento del 60% en los recursos destinados al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, lo que supone más de 30 millones de euros adicionales.
Las familias valoran el esfuerzo inversor, pero consideran imprescindible conocer el impacto real de esa inversión en el grado de inclusión del sistema educativo.
Canarias, a la cola
Según el último dato oficial del Ministerio de Educación correspondiente al curso 2023-2024, Canarias presenta un 73% de alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en centros ordinarios, el porcentaje más bajo del país.
En el conjunto del Estado, la media alcanza el 85,2%, lo que implica que en las islas uno de cada cuatro alumnos con necesidades educativas especiales continúa fuera del sistema ordinario.
Ante esta situación, la Plataforma reclama que la Consejería haga público el porcentaje actualizado correspondiente al curso actual, que defina el nivel de escolarización en centros ordinarios que se propone alcanzar y el calendario previsto para ello.
Las familias también solicitan información detallada sobre el destino del incremento presupuestario y piden que se especifique qué parte de la inversión se ha destinado a reforzar apoyos dentro del aula ordinaria y qué parte se ha dirigido a centros de educación especial, aulas enclave u otras modalidades de escolarización separada.
A su juicio, la clave no es únicamente cuánto se invierte, sino si el sistema educativo canario está avanzando hacia un modelo plenamente inclusivo o si el aumento de recursos está consolidando estructuras segregadas.
“La inclusión no se mide en euros. Se mide en niños dentro del aula ordinaria”, subrayan las familias.
Un derecho reconocido
Desde la Plataforma recuerdan que la educación inclusiva no es una aspiración particular, sino un derecho reconocido en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España, que obliga a garantizar un sistema educativo inclusivo en todos los niveles.
En este contexto, insisten en que la inclusión no es una opción política, sino una obligación legal, y reclaman que el Gobierno de Canarias concrete objetivos, plazos y resultados medibles que permitan evaluar el avance real hacia un modelo educativo en el que todo el alumnado pueda aprender y convivir en el sistema ordinario.