La Justicia federal de Estados Unidos ha presentado una acusación de enorme calado político y judicial contra Nicolás Maduro Moros y varios de los principales dirigentes del régimen venezolano, a los que sitúa en el centro de una conspiración internacional de narcotráfico y narco-terrorismo sostenida durante más de 25 años. El escrito, tramitado en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, sostiene que instituciones del Estado venezolano fueron sistemáticamente corrompidas para facilitar el envío masivo de cocaína hacia territorio estadounidense.
Según la acusación, Maduro habría participado en estas actividades desde sus primeros cargos públicos, primero como diputado, después como ministro de Exteriores, vicepresidente y finalmente como presidente. Ya como jefe del Estado, siempre según la Fiscalía, permitió y protegió un sistema de corrupción estructural que beneficiaba a altos cargos civiles y militares, así como a miembros de su entorno familiar, mientras reforzaba a organizaciones criminales armadas.
Venezuela, clave del narcotráfico internacional
El documento identifica este entramado como el Cartel de los Soles, una red integrada por altos mandos militares y dirigentes políticos que garantizaba protección logística, militar y diplomática a los envíos de droga. La posición geográfica de Venezuela —con salida al Caribe y frontera con las zonas productoras de cocaína en Colombia— habría convertido al país en un corredor clave del narcotráfico internacional.
La acusación cifra en entre 200 y 250 toneladas anuales la cocaína que transitaba por Venezuela alrededor de 2020. Los envíos se realizaban por rutas marítimas y aéreas, utilizando embarcaciones rápidas, buques portacontenedores, vuelos comerciales y aviones privados con cobertura diplomática. En varios casos se señala el uso de aeropuertos controlados por el estamento militar y de pistas clandestinas protegidas por fuerzas del Estado.
Secuestros, asesinatos y violencia
Uno de los elementos más graves del escrito es la colaboración directa con organizaciones armadas calificadas por Estados Unidos como terroristas, entre ellas guerrillas colombianas y grandes cárteles de la droga. Estas alianzas, según la Fiscalía, no solo facilitaban el transporte de cocaína, sino que financiaban estructuras responsables de secuestros, asesinatos y violencia sistemática en distintos países del continente.
El documento judicial recoge episodios concretos que ilustran el funcionamiento de la red: la presunta venta de pasaportes diplomáticos a narcotraficantes, el envío de más de cinco toneladas de cocaína en un avión DC-9, o el uso del hangar presidencial del aeropuerto de Maiquetía para despachar cargamentos internacionales. También se describen sobornos millonarios, reuniones con líderes armados y la utilización de grupos irregulares para asegurar rutas y eliminar amenazas internas.
Junto a Maduro, la acusación señala a Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flores, Nicolás Maduro Guerra y Héctor Niño Guerrero, a quienes atribuye distintos papeles dentro de la estructura, desde la coordinación política y militar hasta la protección armada de los envíos. El escrito sostiene que la red operó de forma continuada entre 1999 y 2025, adaptándose a los cambios políticos y reforzando su control territorial.
Posibles condenas de cadena perpetua
En el plano penal, la Fiscalía formula cargos por conspiración de narco-terrorismo, importación de cocaína, tráfico internacional de drogas y posesión de armas de guerra, incluidas ametralladoras y explosivos. De prosperar el proceso, las penas podrían implicar condenas de cadena perpetua, además de la confiscación de bienes y activos supuestamente obtenidos a través de estas actividades ilícitas.
Más allá de su recorrido judicial, la acusación supone un nuevo golpe internacional al régimen de Caracas, al retratarlo no solo como un gobierno autoritario, sino como un actor central de una economía criminal transnacional. El documento no establece culpabilidades —eso corresponderá a los tribunales—, pero dibuja un relato minucioso que refuerza la tesis de que el poder en Venezuela habría estado profundamente ligado al narcotráfico durante más de dos décadas.