La ejecución del Fondo de Compensación Interterritorial cayó al 94% en 2022 tras un 2021 al 100%

La Audiencia de Cuentas canaria recomienda al Ejecutivo regional prudencia con el cálculo de remanentes tras un desajuste de tres millones en 2021

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El presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, compareció este lunes en comisión parlamentaria./ EFE/Ramón de la Rocha
El presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, compareció este lunes en comisión parlamentaria./ EFE/Ramón de la Rocha

La ejecución de la asignación a Canarias del Fondo de Compensación Interterritorial en el año 2022 ascendió al 93,88%, según ha expuesto este lunes el presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, en una comisión de control en el Parlamento regional. Aunque el informe de Cuentas lo considera como "óptimo", el grado de ejecución ha caído con respecto al año anterior, cuando superó el 99%. El Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) es un instrumento de desarrollo regional previsto en la Constitución que busca corregir desequilibrios económicos entre las comunidades autónomas.

Del análisis del uso de estos fondos, la Audiencia de Cuentas ha emitido una única recomendación: aconseja al Gobierno regional que la presupuestación de los remanentes de ejercicios anteriores, en el caso de su contabilización en el presupuesto inicial de la Comunidad Autónoma, se realice "bajo el principio de prudencia" y no refleje "cuantías superiores a los remanentes realmente existentes a 31 de diciembre".

Esto se debe a que, originalmente, de 2021 a 2022 se calculó un remanente de 4,6 millones de euros que, finalmente, fue de 656.410 euros debido a modificaciones de crédito durante el ejercicio. El remanente de 2022 es de 3,6 millones.

Segunda región más beneficiada

Canarias, la segunda región más beneficiada por este fondo tras Andalucía, recibió en 2022 una suma de 57,8 millones de euros (el 13,4% de todo el fondo), a la que se le incorporaron los remanentes existentes a 31 de diciembre de 2021, que ascendieron a 656.410 euros, por lo que el presupuesto inicial se elevó a 58,5 millones. Con todo, esta suma supone menos del 1% del presupuesto de la región.

Las áreas principales a las que se destinaron los fondos recibidos fueron Sanidad (10 millones de euros), Turismo (8,9 millones), Medio Ambiente (6,3 millones) o el Sistema de Información Tributaria y Financiera (5 millones), entre otras partidas.

Cifra reducida en 2012

Los grupos parlamentarios han aprovechado la comisión para realizar algunas valoraciones sobre los datos que arroga el informe. Raúl Acosta, diputado de Agrupación Herreña Independiente, ha destacado que la prórroga de los PGE hará que en 2024 se repita la asignación de 2023, mientras que Melody Mendoza (Agrupación Socialista Gomera) ha lamentado que desde 2012, fecha en la que se redujo el Fondo de Compensación Interterritorial de 503 a 432,4 millones de euros para todas las autonomías, la suma haya permanecido invariable pese al incremento del coste de vida.

Javier Nieto (Vox) ha subrayado el óptimo grado de ejecución, aunque ha recalcado que no es una buena señal que Canarias siga siendo de las regiones que más reciben, puesto que muestra que sigue siendo una comunidad dependiente de estas redistribuciones. Esther González (Nueva Canarias), por su parte, ha subrayado que la fiscalización a través de la Audiencia de Cuentas de esta asignación le parece, hoy en día, innecesaria dado que el peso sobre los presupuestos canarios es del 0,5%.

Modificaciones de crédito

Fernando Enseñat (PP) ha destacado que, pese a las buenas cifras de ejecución, se han experimentado pequeñas caídas en inversión en edificios gubernamentales, acciones en el sector turístico y agua y saneamiento. Diana Lorenzo (CC) ha recalcado la necesidad de ser prudentes con el cálculo de los remanentes.

Manuel Hernández (PSOE), cerrando las intervenciones de los grupos parlamentarios, ha subrayado, respecto a las modificaciones de crédito que han causado el desajuste entre la previsión original de remanente y el resultado final, que son realmente un signo de la capacidad de un gobierno para reorientar y optimizar fondos.

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