El director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya, junto a la consejera de Sanidad, Esther Monzón / ARCHIVO-EFE
El director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya, junto a la consejera de Sanidad, Esther Monzón / ARCHIVO-EFE

El Ejecutivo canario, "sorprendido" de que el Constitucional suspenda el sueldo de Adasat Goya

El Tribunal Constitucional ha suspendido las retribuciones previstas para la dirección del Servicio Canario de la Salud (SCS)

Álvaro Oliver González, redactor jefe en Tenerife

El Gobierno de Canarias ha expresado su sorpresa ante la decisión del Tribunal Constitucional de suspender, a solicitud del Consejo de Ministros, las retribuciones previstas para la dirección del Servicio Canario de la Salud (SCS) en la ley de presupuestos de 2025, que sigue en vigor. La medida afecta al actual director del organismo, Adasat Goya.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz Alfonso Cabello ha explicado que este tipo de suspensiones se activan automáticamente cuando el Estado presenta un recurso, por lo que el Tribunal no se ha pronunciado aún sobre el fondo y el procedimiento continúa abierto.

Negociación con el Estado

Cabello ha señalado que la comunidad autónoma ha venido aceptando buena parte de las observaciones planteadas por el Gobierno central y que el asunto se encontraba en un contexto de negociación. Por este motivo, asegura que la suspensión ha generado sorpresa en el Ejecutivo autonómico.

El portavoz también ha indicado que Canarias ha cumplido con su obligación de presentar sus presupuestos pese al escenario de incertidumbre estatal, y sostiene que el Gobierno dispone de argumentos para defender la regulación cuando el Tribunal entre a valorar el fondo.

Alcance de la disposición afectada

La suspensión se centra en la disposición final cuarta de la ley presupuestaria, que ha establecido que la persona designada para dirigir el SCS no puede recibir una retribución inferior a la que tenía en su puesto anterior, tanto si procedía del sector público como del sector privado.

El Ejecutivo autonómico ha avanzado que seguirá aportando sus alegaciones mientras el Tribunal analiza el recurso y queda a la espera de que se determine si la regulación puede mantenerse tal como fue aprobada en el Parlamento.