España ha trasladado a Mauritania el modelo de control migratorio que comenzó en Canarias. Desde el pasado 17 de octubre, el país africano cuenta con dos nuevos centros de detención de migrantes en Nouakchott, su capital, y en Nouadhibou, en la frontera con el Sáhara Occidental. Ambos espacios fueron creados por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), una agencia dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, con fondos del Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea.
Según una investigación realizada por la Fundación porCausa y publicada por El Salto, las autoridades españolas admiten que los nuevos centros están inspirados en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Canarias, pero con una diferencia clave: también albergarán a menores, incluso bebés en edad lactante, algo que la legislación española prohíbe. Documentos de la FIAP revelan que el centro de Nouakchott dispone de 107 plazas (dos de ellas cunas), y el de Nouadhibou de 76.
Fondos europeos
La puesta en marcha de estas instalaciones ha supuesto más de un millón de euros de inversión pública europea. Los contratos, según la investigación, fueron adjudicados sin concurso público a la constructora CADG, aunque la FIAP lo niega y asegura que siguió un “procedimiento público” amparado en la ley de contratación en el extranjero.
En los últimos años, el Gobierno español ha reforzado su cooperación con el régimen del general Mohamed Ould El Ghazouani, incrementando el envío de equipamiento policial, drones y vehículos 4x4, con el objetivo de frenar la salida de cayucos hacia Canarias. Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplegados en Mauritania participan activamente en las redadas para detener migrantes, una práctica denunciada por organizaciones de derechos humanos por incluir detenciones arbitrarias y allanamientos sin orden judicial.
Muro de contención
Mauritania se ha convertido en un muro de contención clave en la ruta canaria, utilizada por miles de personas procedentes de países como Mali, Guinea Conakry o Níger. Según la investigación, las personas detenidas son privadas de sus pertenencias, recluidas en condiciones infrahumanas y posteriormente abandonadas en zonas desérticas fronterizas con Mali, donde opera el grupo yihadista JNIM, vinculado a Al Qaeda.
Cada semana, agentes españoles reciben listas con los nombres de los migrantes expulsados al desierto, según documentos citados por porCausa y confirmados por Human Rights Watch. Tanto ACNUR como la OIM están al tanto de estas prácticas.
Ejemplo de Meloni
El proyecto de los nuevos centros fue inaugurado en octubre con presencia de representantes de la Unión Europea, la Policía Nacional española y el Ministerio del Interior mauritano. Sin embargo, aún no han comenzado a operar. España mantiene en Mauritania más de 80 efectivos entre Guardia Civil, Policía Nacional y CNI, una presencia que refleja hasta qué punto el control migratorio en el Atlántico se ha convertido en una prioridad estratégica.
La externalización de fronteras —criticada por múltiples ONG y juristas— traslada el control migratorio más allá de los límites europeos —el Gobierno de Meloni en Italia desarrolló un propuesto similar en Albania—, en un intento de frenar los flujos antes de que alcancen las costas canarias. La opacidad en la gestión de los centros y la falta de garantías sobre los derechos humanos de las personas detenidas ponen de nuevo a España en el centro del debate sobre las políticas migratorias de la UE.