El portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias y exconsejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, ha respaldado este viernes el nombramiento de Conrado Domínguez como director del Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia, afirmando que fue “un acierto” y que “no tiene ninguna duda” sobre ello.
Durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga la compra de material sanitario durante la COVID-19, Franquis ha asegurado que, mientras Domínguez trabajaba como secretario general técnico en su consejería, “no realizó ninguna gestión relacionada con la adquisición de material”, y que no tiene constancia de que tratara con proveedores ni gestionara contratos antes de su nombramiento en el SCS en septiembre de 2020.
Fuera del meollo
El exconsejero socialista ha afirmado con rotundidad que nunca participó en las decisiones de compra de mascarillas ni recibió llamadas de empresarios o políticos para recomendar empresas, aunque sí ha deslizado que "algunos miembros del Parlamento recibieron y enviaron mensajes sobre la compra de material", sin especificar nombres.
También ha reiterado que en el Comité de Emergencia Sanitaria, del que formaba parte, nunca se debatieron nombres de empresas ni adjudicaciones de contratos, y que las competencias de compra correspondían únicamente al SCS. “No conozco la dinámica interna de contratación del SCS”, recalcó.
“No conozco a Koldo”
Sobre los contratos bajo sospecha y las presuntas tramas vinculadas a empresas como Soluciones de Gestión o Megalab, Franquis ha sido tajante: “No conozco a Koldo García, ni a Víctor de Aldama, ni tuve relación con sus negocios”, y ha añadido que se enteró de las investigaciones a través de los medios de comunicación.
“Es indignante que haya quienes se aprovechen de la desesperación social en un momento tan crítico”, ha lamentado. Aun así, ha apelado a la presunción de inocencia y ha pedido que se investigue hasta el final y que el peso de la ley recaiga sobre quien corresponda.
“Nada que ocultar”
En su intervención, Franquis ha defendido que ningún militante del PSOE está investigado en las causas que analiza esta comisión, y ha subrayado: “No tenemos nada que ocultar”.
Reconoció que en una situación de emergencia como la vivida durante la pandemia “se tomaron decisiones rápidas y se pudieron cometer errores”, pero ha insistido en que es fundamental dotar de seguridad jurídica a quienes tienen responsabilidades públicas en tiempos de crisis.
Su única vinculación con el material sanitario, explicó, fue la recepción de 105.000 mascarillas del Ministerio de Transportes que se repartieron entre el personal de transporte terrestre, marítimo y aéreo para garantizar la movilidad durante el confinamiento.