“Nunca nos gustó el nombramiento de Conrado Domínguez como director del Servicio Canario de la Salud (SCS) y lo dijimos desde el principio”. Así de contundente fue este viernes Noemí Santana, exconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias y actual diputada nacional de Podemos, durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga la compra de material sanitario en la pandemia.
Desde el arranque de su intervención, Santana dejó claro que Podemos se opuso al nombramiento de Domínguez, cuya gestión ha quedado en entredicho por varias contrataciones fallidas bajo el procedimiento de emergencia. “Entendíamos que no era el perfil adecuado, pero la mayoría del pacto de gobierno lo respaldaba”, señaló.
“Mala praxis”
Al ser preguntada por si coincide con la afirmación de la exconsejera de Sanidad, Teresa Cruz, quien en el Senado calificó a Domínguez como un “mal gestor” y “conseguidor”, Santana respondió: “En parte sí”. Aunque puntualizó que será la Justicia quien determine su grado de responsabilidad.
Durante su comparecencia, la exconsejera aseguró que en el área de Derechos Sociales “no se compró material sanitario”, pero sí se encargaron de repartir lo recibido desde Sanidad. Sin embargo, apuntó que “nos faltaban certezas sobre los controles” y que, en su opinión, el SCS debió ser “más exigente” al fiscalizar las compras.
“Hubo errores, algunos por buena voluntad, pero otros fueron claramente mala praxis”, sentenció Santana, quien también lamentó que no se conociera con antelación el informe de la Intervención General que alertaba de una compra fallida de cuatro millones de euros en mascarillas.
Colaboración social
Frente a la gestión opaca que critica en el ámbito sanitario, Santana reivindicó que en su consejería se impuso la colaboración con la sociedad civil: “Frente al chanchullo, apostamos por la solidaridad”, dijo. Según sus datos, Derechos Sociales logró distribuir más de 160.000 mascarillas FFP2, 5.300 quirúrgicas y 550 pantallas de protección, gracias a donaciones de particulares y empresas.
También recordó que rechazaron múltiples ofertas comerciales que llegaron en plena crisis sanitaria: “Nos llamaban a diario para vendernos material, pero sabíamos que era un terreno propicio para los oportunistas”.
Decisiones de compra
La diputada de Podemos insistió en que su área no participó en ninguna contratación. “Entendíamos que la competencia era exclusiva del SCS. No formábamos parte de las decisiones de compra ni se nos trasladó información concreta sobre empresas”, afirmó.
No obstante, sí reconoció haber preguntado por las compras de material en el Consejo de Gobierno y aseguró que, tras conocer las investigaciones judiciales, mantuvo conversaciones con sus compañeros, incluida la del presidente, Ángel Víctor Torres, a quien describió como “devastado” por lo ocurrido.
Legislar frente irregularidades
Santana concluyó su intervención apelando a reforzar la legislación para evitar que se repitan casos similares en futuras crisis. “La urgencia no puede ser excusa para saltarse los controles. Hay que actuar con garantías y con transparencia”, reivindicó.