El Frente Polisario recordó este martes que el consentimiento del pueblo saharaui es "ineludible" para la firma de un futuro protocolo de pesca entre la Unión Europea (UE) y Marruecos que incluya al Sáhara Occidental después de expirase la pasada semana el último acuerdo y propuso licencias directas para pescadores como una solución transitoria.
Su renovación dependerá de una nueva decisión del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), tras un recurso europeo contra otro dictamen de 2021, en el que los jueces comunitarios anularon el acuerdo pesquero por no tener en cuenta al Sáhara Occidental.
Fuera de las aguas saharauis
"A pesar de la insistencia del gobierno español, la Comisión Europea ha renunciado a la celebración de un nuevo protocolo de aplicación, confirmando que ninguna negociación era posible a la espera de la decisión del Tribunal. Pese al mantenimiento en vigor de sus efectos, el acuerdo de pesca, sin protocolo de aplicación, se ha convertido en una "concha vacía", declaró el Polisario en un comunicado.
Asimismo celebró la eficacia de la vía jurídica y consideró esta decisión como un avance "considerable" encaminado a poner fin al expolio masivo de sus recursos naturales, por lo que a partir del 17 de julio "los barcos de la UE deben abandonar las aguas saharauis y el Reino de Marruecos se verá privado de los fondos europeos de los que depende su ocupación ilegal".
Incumplir el consentimiento
Tras iniciar este litigio una década antes, la TJUE dictaminó en 2016 que todo acuerdo aplicable a este territorio debe contar con el consentimiento del pueblo saharaui, independientemente de los beneficios alegados, lo que no impidió a Bruselas renegociar con el Reino Alauita un pacto "ilegal" y "explícitamente" aplicable a su espacio marítimo, recordó el Polisario.
El diplomático encargado de este expediente, Oubli Bouchraya, propuso como una solución "transitoria" expedir licencias directas a pescadores para que puedan faenar en aguas saharauis ya que "se han convertido en rehenes de los errores cometidos por sus dirigentes". "La pelota está ahora en el campo de las autoridades europeas y, en particular las españolas, cuya flota es la primera afectada por el cese de las actividades pesqueras", aseguró Bouchraya.
Este protocolo de pesca ha ofrecido en los últimos cuatro años un total de 138 licencias para los buques comunitarios, 93 de ellos para la flota española. A cambio, Marruecos recibe una contrapartida económica de 50 millones de euros anuales, incluyendo el apoyo sectorial y el canon pagado por los armadores, de alrededor de 12 millones.