La Directora General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, ha afirmado este martes que no existen motivos para rescindir el contrato con la Fundación Siglo XXI, entidad que gestiona cuatro centros de acogida para menores migrantes en las islas.

La declaración se produce tras conocerse la imputación de los cuatro directores de estos centros y de un empresario inmobiliario, acusados de un presunto blanqueo de capitales por el supuesto desvío de casi 2,5 millones de euros de fondos europeos, según las investigaciones de la Policía Nacional.

Caso vinculado a 2021 y bajo secreto

Rodríguez aclaró que se trata de un asunto que “viene de la pasada legislatura”, vinculado a las cuentas de 2021 de la fundación. Añadió que, por el momento, el Ejecutivo actual “sabe más por los medios que por el juzgado”, ya que el procedimiento judicial continúa en fase de instrucción.

La Consejería, según la directora general, ha puesto a disposición de la Fiscalía y el juzgado toda la documentación requerida, y mantiene una actitud de colaboración total con las autoridades.

Se revisa el gasto por plaza

Preguntada por los mecanismos de control, Rodríguez explicó que el contrato con la fundación establece un precio cerrado por plaza y día, y que la administración verifica mensualmente el número de menores acogidos y los gastos presentados.

Además, señaló que recientemente se ha solicitado a todas las entidades gestoras el desglose de los gastos del ejercicio anterior, con el fin de garantizar que el dinero público se destina efectivamente a manutención, acogida, atención educativa y sanitaria.

Nueva etapa de inspecciones

Rodríguez lamentó que en la legislatura anterior no se llevara a cabo un “seguimiento exhaustivo” del uso de los fondos públicos por parte de estas entidades, y aseguró que la gestión y fiscalización variaban según el operador.

Desde enero de 2024, se ha implantado un protocolo de inspección “centro por centro”, que ha permitido cerrar instalaciones y separar del contacto con menores a varios trabajadores, en algunos casos sin que trascendiera públicamente, según explicó.