Cuando Teodoro Sosa entró en la alcaldía de Gáldar en 2007 no heredó precisamente unas cuentas cómodas. Sobre el Ayuntamiento pesaban 31,2 millones de euros de deuda y una situación financiera que ponía en cuestión algo mucho más inmediato que cualquier proyecto político: la capacidad de pagar con normalidad a los trabajadores municipales, atender a los proveedores y sostener los servicios públicos.
Dos décadas después, aquel agujero tiene fecha para desaparecer. El Ayuntamiento de Gáldar prevé liquidar el 30 de abril de 2027 la totalidad de la deuda heredada en 2007, según anunció la concejala de Hacienda, Valeria Guerra, durante el pleno extraordinario en el que se aprobó la Cuenta General correspondiente a 2025.
La fecha tiene además una evidente carga política. La cancelación llegará después de casi veinte años de saneamiento de las cuentas municipales y coincidirá con la recta final de la etapa de Teodoro Sosa al frente de la Alcaldía de Gáldar, antes de abandonar el cargo para afrontar una nueva etapa política fuera del Ayuntamiento.
De 31,2 a 1,9 millones
El calendario presentado por Hacienda permite medir hasta qué punto se ha estrechado el problema financiero. La previsión municipal es cerrar diciembre de 2026 con apenas 1,9 millones de euros pendientes, antes de afrontar el último pago cuatro meses después.
El Ayuntamiento ya dio otro paso relevante el pasado julio, cuando terminó de amortizar la última póliza correspondiente a los créditos a corto plazo, por un importe aproximado de 600.000 euros. Durante los próximos meses está previsto destinar además más de dos millones de euros a continuar reduciendo el endeudamiento.
El resultado será que una deuda equivalente a 31,2 millones de euros en 2007 habrá desaparecido por completo en abril de 2027.
Controvertido ERE
Sosa convirtió desde sus primeros años en la alcaldía el saneamiento económico del Consistorio en uno de los ejes de su gestión. El camino obligó a adoptar decisiones de enorme coste político y social. Entre ellas estuvo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) dentro del Ayuntamiento, una medida que acabaría siendo anulada cuatro años después por el Gobierno de Canarias.
Aquel revés no modificó, sin embargo, la estrategia de fondo de reducir deuda y recuperar capacidad financiera. El alcalde sacó adelante un segundo ERE que fue respaldado por la Justicia en 2014. Este martes, Sosa reivindicó precisamente esa trayectoria y atribuyó el resultado al trabajo desarrollado durante 19 años tanto por los responsables políticos del área económica como por los técnicos municipales.
El regidor, líder de Primero Canarias, también aseguró durante el pleno que el trabajo realizado ha permitido recuperar la solvencia, la credibilidad y el rigor económico de la institución y recordó que acabar con aquella deuda constituye uno de los compromisos centrales de su gobierno.
Más ingresos que gastos
La Cuenta General de 2025 ofrece una fotografía muy distinta de la que presentaba el Ayuntamiento cuando comenzó la etapa de Sosa.
El Consistorio contabilizó durante el pasado ejercicio 43,6 millones de euros de ingresos frente a 42,4 millones de gastos. Las cuentas dejaron un ahorro neto próximo al millón de euros, según los datos expuestos por la Concejalía de Hacienda ante el pleno.
La evolución resulta especialmente significativa porque el proceso de amortización de deuda no ha impedido mantener un volumen elevado de gasto municipal. De los 42,4 millones ejecutados durante 2025, 32,7 millones —el 77%— tuvieron incidencia directa sobre la ciudadanía, de acuerdo con la clasificación presentada por el Ayuntamiento.
Saneamiento financiero
Dentro de esa cantidad, 15 millones de euros se destinaron a servicios públicos básicos. Otros 6,9 millones fueron dirigidos a políticas de protección y promoción social, mientras que 10,8 millones correspondieron a la producción de bienes públicos de carácter preferente.
El dato permite al gobierno municipal defender que el saneamiento financiero no se ha construido únicamente mediante una reducción del gasto, sino compatibilizando la amortización de las obligaciones acumuladas con el mantenimiento de los servicios y las políticas municipales.
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