Francisco Espinosa Navas, general de la Guardia Civil ya retirado y que permanece en prisión provisional por el caso Mediador, pedía a los empresarios estafados por la trama que contrataran a su amante, a la que llamaba chocho volador. El mando del instituto armado trasladó esa exigencia a Marco Antonio Navarro Tacoronte, conseguidor y pieza clave de la red presuntamente corrupta, en un despacho de Dirección General de la Benemérita en Madrid.
Así figura en una grabación de más de ocho horas que el mediador Navarro Tacoronte entregó a la Policía Nacional. El informe del cuerpo de seguridad del Estado, tras analizar a fondo esa prueba, recoge que la amante del general de la Guardia Civil responde a las siglas A.H.M. y que durante la conversación entre ambos en el despacho madrileño comentan que es familiar de un conocido empresario grancanario vinculado al mundo del fútbol.
Placas solares
La petición del general retirado fue trasladada por la trama al empresario Antonio Bautista, al que se requirió que contratara a la amante de Espinosa por 3.000 euros como comercial. Para devolverle el favor, el exmando de la Guardia Civil le ofreció poder invertir en la instalación de placas solares en Mozambique y Cabo Verde por 35 millones de euros.
En la reunión entre Espinosa y Navarro, el general pide —como forma de pago de los empresarios a sus supuestos servicios— "la tarjetita esa de gastos, esa la buena". La respuesta del conseguidor fue positiva y le excusó de la necesidad de presentar facturas de sus compras y viajes.
Drones en África
La magistrada del Juzgado de instrucción número 4 de Tenerife, según informa Europa Press, acordó con fecha de 1 de febrero que la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) localice los bienes "presumiblemente procedentes de actividad ilícita" del general retirado de la Guardia Civil y de su entorno familiar cercano en Bélgica, Mauritania, Niger, Malí, Senegal, Marruecos y Cabo Verde.
La investigación, que cuenta con el visto bueno también de Fiscalía Anticorrupción, se inicia a petición de Asuntos Internos de la Guardia Civil tras su paso por la dirección de los Grupos de Acción Rápida de vigilancia y de intervención en el Sahel (GARSI Sahel) hasta su jubilación.
En el instituto armado sospechan de la relación entre el general y el empresario Santiago Suárez Estévez. Una de sus sociedades, Asesoramiento y Servicio de Drones SL, resultó adjudicataria del Proyecto GARSI Sahel después de que el mando de la Guardia Civil recibiera "el 70% de lo acordado y el resto a la entrega de los drones".