El Gobierno de España ha cerrado 23 traspasos y ampliaciones de funciones y medios con siete comunidades autónomas desde el inicio de la actual legislatura, según ha informado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Estas transferencias se han producido en el marco del desarrollo de la Constitución Española y de los respectivos estatutos de autonomía. Según los datos del Ejecutivo, en menos de tres años se han firmado más traspasos que en el periodo comprendido entre 2011 y 2018, cuando se formalizaron 16 transferencias.
En total, durante los gobiernos presididos por Pedro Sánchez se han alcanzado 46 traspasos de competencias entre 2018 y 2026.
Negociaciones abiertas
Entre las comunidades con las que se han acordado traspasos o ampliaciones de funciones figuran Galicia, País Vasco, Comunitat Valenciana, Cataluña, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Canarias, Navarra, Illes Balears y Andalucía.
Actualmente, el Ministerio trabaja con once comunidades autónomas en la negociación y evaluación de nuevas propuestas de transferencia en ámbitos como puertos, aeropuertos y helipuertos que no tengan calificación de interés general, gestión del litoral, carreteras, seguros agrarios, inspección de trabajo o centros de atención a la discapacidad.
Canarias, el proceso más reciente
El proceso más reciente en ponerse en marcha es el relativo a Canarias, después de que el Gobierno central respondiera a la solicitud presentada por el Ejecutivo autonómico a mediados de enero.
Las propuestas planteadas por el Gobierno canario incluyen la transferencia de competencias relacionadas con puertos y aeropuertos, así como cuestiones vinculadas a incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF) del archipiélago.
Proceso de negociación
El procedimiento para formalizar los traspasos requiere estudios técnicos, informes de viabilidad y una valoración del coste efectivo de los servicios transferidos, además de varias reuniones y comisiones entre las administraciones implicadas.
Una vez confirmada la base competencial desde el punto de vista constitucional y estatutario, ambas administraciones negocian las funciones que asumirá la comunidad autónoma, así como los medios materiales y personales necesarios para su gestión.
Si existe acuerdo, se convoca la Comisión Mixta de Transferencias, órgano encargado de formalizar el traspaso definitivo entre el Estado y la comunidad autónoma.