El primer Consejo de Gobierno del año del Ejecutivo Autonómico ha dado un golpe en la mesa sobre la relación de Canarias con España. No solo por las críticas al nuevo marco de financiación autonómica presentado el pasado viernes, ni por la aprobación de la comunicación al Parlamento de Canarias sobre las necesidades de Canarias respecto al próximo marco financiero europeo, sino porque el Gobierno de Canarias ha solicitado iniciar negociaciones para asumir dos nuevas competencias. 

Gestión de los aeropuertos

Por una parte, el Gobierno de Canarias quiere asumir las competencias de los aeropuertos regionales y hacer una cogestión de los mismos. Esta petición se formula en base al artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que determina que le corresponde a Canarias “la competencia exclusiva sobre puertos, aeropuertos, helipuertos y demás infraestructuras de transporte que no tengan la calificación de interés general por el Estado y la competencia de ejecución sobre puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa”. 

Esta petición se hace en un marco de quejas con la gestión aeroportuaria por el aumento de tasas por parte del operador de los aeropuertos Aena, que además también aplicará tasas a la entrada de guaguas en las infraestructuras, lo que ha motivado quejas por parte del Ejecutivo regional. Para el Gobierno regional ahora se dan las circunstancias para iniciar las negociaciones. 

Gestión tributaria del REF

Por otra parte, el Gobierno regional también ha solicitado el control tributario de los incentivos fiscales contemplados en el Régimen Económico y Fiscal (REF). Esto supondría asumir el control tributario de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), las deducciones por inversiones en Canarias, los incentivos propios de la Zona Especial Canaria (ZEC) y otros regímenes fiscales específicos vinculados a sectores estratégicos implantados en el archipiélago. 

Desde el Gobierno de Canarias señalan que esta competencia “se entendería circunscrita a las fases de aplicación, seguimiento y verificación de los requisitos exigidos por la normativa vigente, ‘manteniéndose en todo caso la coherencia con el marco normativo estatal y europeo, y articulándose a través de los instrumentos de colaboración interadministrativa previstos estatutariamente’”. 

Cuestión de quién lo pide

El reclamo de las dos competencias se da después de que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, apuntara que no se han pedido nuevas competencias por parte del Ejecutivo regional a través de las solicitudes de comisiones bilaterales. Cabello reprochó que no había escuchado al presidente de Cataluña, Salvador Illa, “hablar mucho de este tema” pero sí a Junts y a ERC. “Da la sensación de que según dónde o según quién, le interesa más o menos escucharlo”, afeó el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello.  

Este desinterés en Canarias se deja ver porque según explicó Cabello, el área de Obras Públicas del Gobierno de Canarias lleva “muchos meses” trabajando con el ministerio “para intentar avanzar y ha sido a todas luces imposible”. Por ello, formalmente ahora el Ejecutivo regional ha remitido la solicitud para la reunión entre ambos gobiernos. 

Estos asuntos estaban en la denominada Agenda Canaria como una “declaración de intención”, ante lo que ahora queda “constituir la bilateral”. En la carta remitida a Torres, el presidente canario reclamó acordar “la apertura de un proceso de negociación bilateral con el fin de analizar y, en su caso, concretar la asunción por la Comunidad Autónoma de Canarias de las funciones señaladas en dicho precepto, sin alteración de la titularidad estatal de las potestades normativas ni de las competencias reservadas al Estado en esta materia”.