El Gobierno de Canarias solicita el control de la seguridad privada

El artículo 150 del Estatuto incluye entre las competencias autonómicas la autorización de las empresas de seguridad privada con domicilio social en las islas y que actúen solo en el Archipiélago

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El consejero de Seguridad, Julio Pérez, reunido con el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y el director de general de Coordinación y Estudios, José Antonio Rodríguez. / Gobierno de Canarias
El consejero de Seguridad, Julio Pérez, reunido con el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y el director de general de Coordinación y Estudios, José Antonio Rodríguez. / Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias quiere asumir las competencias en seguridad privada, reconocidas en el Estatuto de Autonomía de 2018, antes de que termine esta legislatura, ha informado la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

El consejero del área, Julio Pérez, se ha reunido este martes con el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y el director de general de Coordinación y Estudios, José Antonio Rodríguez, quienes han mostrado su disposición a colaborar y coordinar el traspaso de las competencias.

Más de 70 empresas dedicadas a la seguridad

Según la última memoria elaborada por el sector de la seguridad privada, en Canarias hay 72 empresas dedicadas a esta materia.

El artículo 150 del Estatuto incluye entre las competencias autonómicas la autorización de las empresas de seguridad privada con domicilio social en las islas y que actúen solo en el Archipiélago.

También tiene Canarias competencia para la autorización de los centros de formación del personal de seguridad privada, para la inspección y sanción y para coordinar los servicios de seguridad e investigación privadas con la policía autonómica y las policías locales.

Nuevo grupo de trabajo

En la reunión se ha acordado crear un grupo de trabajo, que se reunirá el 19 de septiembre, para valorar las circunstancias y situación de la seguridad privada ante el traspaso de competencias, con las que de momento cuentan Cataluña y el País Vasco.

El Gobierno de Canarias, una vez traspasadas las competencias, sería el encargado del control y seguimiento de los establecimientos obligados a tener seguridad, de los detectives privados y de la labor que desarrollan las empresas que realizan traslados de fondos.

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