Los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno han celebrado este martes en comisión parlamentaria la disminución de las listas de espera en dependencia, que se han reducido en cuatro meses según la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.
Delgado ha asegurado que hasta julio el tiempo que se tardaba en resolver la solicitud era de 817 días, casi dos años y tres meses, y ahora apenas rebasa los dos años (687 días).
Por ello casi todos los partidos -todos reconocieron los buenos datos salvo la socialista Elena Máñez- expresaron su satisfacción por unos datos que van en la senda positiva.
Sen embargo, tanto el PSOE como sobre todo Nueva Canarias, en boca de Natalia Santana, criticaron que el borrador de los presupuestos para 2024 incumpla la Ley de Servicios Sociales aprobada en el mandato anterior, que obligaba sumar 55 millones en este ejercicio, algo a lo que la consejera no hizo alusión en su turno de réplica.
Medidas de choque
Candelaria Delgado aseguró este marte que la reducción de las listas de espera en dependencia ha sido posible gracias a medidas de choque como reforzar el personal, al pasar de 24 a 35 las personas que realizan la valoración.
La consejera añadió que el anterior Gobierno regional dio orden de paralizar las solicitudes de revisión de grado presentadas desde 2017. "Nos encontramos con que se había dado orden de paralizar las solicitudes de revisiones de grado”, pero asegura que desde julio hasta ahora se han valorado 584 solicitudes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 365 en la provincia de las Palmas, “más del triple de solicitudes que las tramitadas en los últimos años”.
Con el refuerzo del personal considera que se podrán sacar mensualmente 624 resoluciones de grado más, con lo que "estamos en el camino de dar una respuesta real a la dependencia en Canarias”.
Además, ha anunciado la publicación en el BOE de ayer del convenio entre Estado y Canarias para la financiación del nivel de protección acordado para 2023, que supone una financiación para Canarias de 29 millones de euros por parte del Gobierno central, a los cuales se sumarán otros 29 millones que aporta la propia Comunidad Autónoma.
Registro Auxiliar de Entrada
También anunció Delgado el nuevo Registro Auxiliar de Entrada y Punto de Información en las dos capitales canarias, que permite atender presencialmente y con cita previa a las personas dependientes, y la creación de las Unidades Orgánicas para agilizar la entrada de documentación y la formalización de un programa informático de la gestión en materia de dependencia.
Algo que han destacado desde los grupos es que la Dirección General de Dependencia haya adelantado el pago de las prestaciones económicas y que a partir de ahora se abonen el día 25.
Por último, recordó que se está elaborando un nuevo decreto que unificará en un solo acto administrativo la resolución de grado de dependencia y la del plan individualizado de atención, de manera que se simplifique aun más el proceso para cumplir con la Ley de Dependencia, que fija un máximo de seis meses
Críticas cruzadas
El herreño Raúl Acosta y la popular Rosa Vera, coincidieron en su diagnostico inicial en sus críticas a la gestión del anterior gobierno. Mientras Acosta hablaba de "los grandes olvidados" , con 3.203 fallecidos sin ser atendidos, Vera ahondó en este dato diciendo que el 57% de la disminución en la lista de espera en dependencia se debió al fallecimiento de personas inscritas.
Melodie Mendoza, de ASG, también ligado al pasado Ejecutivo, defendió que "sí se hizo un esfuerzo por la dependencia”, algo que agradeció Elena Máñez frente al negacionismo irracional”. En ese sentido puso sobre la mesa el convenio “que va a firmar ahora” con el Gobierno de España, negociado por el PSOE, que “duplica los fondos porque se ha atendido a más personas, y eso indica que ha habido una mejora”.
Máñez aseguró que los presupuestos en servicios sociales son "un fraude" porque "nos quiere vender” lo que llega del Estado. “Usted ha recortado en dependencia, en las prestaciones económicas”. Unas prestaciones de las que, afirma, la mayoría van destinadas a la ayuda domiciliaria, “y ha recortado 1,8 millones de euros en un presupuesto que crece más de 1.200 millones de euros”.
Natalia Santana también negó la mayor, atestiguando que en la pasada legislatura se aumentaron en 207 millones de euros las políticas sociales, mientras que el actual Ejecutivo incumple en sus primeros presupuestos el objetivo de fijar cada año al menos 55 millones en este ámbito “y ustedes apenas llegan a 33”, de los cuales 24 van destinados al programa de Atención a Personas en Situación de Dependencia. “La intención de su gobierno no era cumplir con la ley”, ha finalizado.
Plan Integral de Mayores
Por otra aprte, la consejera anunció un estudio diagnóstico para el primer Plan Integral de Mayores de Canarias y Soledad No Deseada.
En 2022 la población mayor de 65 años en Canarias era un total de 372.287 personas, el 17,12% de la población residente, y para 2027 se estima que este número se incremente hasta los 467.000 personas, es decir, casi 100.000 personas más en apenas cinco años.
“Este incremento expone una realidad sobre la que el Gobierno de Canarias ya está trabajando con el diseño de un conjunto de medidas dirigidas a promover el envejecimiento activo de nuestra población”, ha subrayado Delgado, quien ha aludido a la necesidad de “visibilizar el valor de la experiencia y el talento senior y eliminar los prejuicios hacia las personas mayores”.
Para trabajar en esta línea, Bienestar Social ha puesto en marcha la Dirección General de Mayores y Participación Activa, cuya labor se centra en el desarrollo de varias líneas estratégicas para promover un envejecimiento de la población canaria de manera saludable y con dignidad.