Aunque las personas tienen el derecho reconocido, no pueden ser dadas de alta ni cobrar la prestación a la espera de que el Gobierno canario apruebe un decreto para regularla
El Gobierno de Canarias y los cabildos activan una inversión de 1.630 millones de euros para blindar los servicios hasta 2028 tras lograr reducir los tiempos de espera desde los 26 meses al inicio de la legislatura a los actuales 14 meses
El Ejecutivo asegura que la prestación económica seguirá concediéndose con normalidad y que la enmienda presupuestaria solo habilita su desarrollo reglamentario, frente a las denuncias del Observatorio de Derechos Sociales
El plan de Bienestar Social es aprobar una nueva regulación que actualice el sistema de ayudas, que quedarán paralizadas, según una enmienda para los Presupuestos Autonómicos de 2026
Para la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, así se da "respuesta financiera al significativo aumento en el número de prestaciones reconocidas durante este ejercicio".
La consejera de Bienestar Social asegura que el incremento de caducidades en el sistema “no se debe a un cambio de comportamiento de las personas, sino a la profunda depuración de los expedientes antiguos”