Un total de 2.200 personas fallecieron en 2025 en Canarias mientras se encontraban en lista de espera para recibir una prestación del sistema de dependencia, según recoge el dictamen de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
El informe sitúa este dato dentro del contexto de una población especialmente vulnerable que solicita estas ayudas. De acuerdo con los datos del IMSERSO, el 41,34% de las solicitudes corresponde a personas mayores de 80 años, mientras que el 24,7% procede de personas entre 65 y 79 años. El 34,39% restante pertenece a población menor de 65 años.
Reducido
A pesar de la cifra, el Gobierno de Canarias insiste en un comunicado, donde recoge estos datos, en que el dictamen indica que el número de fallecimientos se ha reducido a un tercio respecto a la legislatura anterior, cuando se registraron alrededor de 23.400 muertes de personas en lista de espera. Entre los años con mayores cifras destacan 2022, con unas 6.700 muertes, y 2023, con alrededor de 6.500, apuntan desde la Consejería de Bienestar Social.
En cuanto a los tiempos de tramitación, el sistema de dependencia en Canarias "mantiene un plazo medio de 391 días desde la solicitud hasta la obtención del derecho, aunque la media había llegado a situarse en 430 días en diciembre", según los datos del propio dictamen. No obstante, la Consejería señala que las nuevas solicitudes "se resuelven actualmente en menos de 152 días en todas las islas".
Crecimiento significativo
El informe también apunta a un "crecimiento significativo del número de beneficiarios del sistema en 2025", con un incremento "del 30,5% en personas con prestación" y un "30% más de personas con derecho reconocido, situando a Canarias entre las comunidades donde más aumenta el número de usuarios atendidos".
Asimismo, el documento advierte de que "aún existen personas con derecho reconocido que no reciben prestación o servicio", lo que evidencia "las limitaciones del sistema para atender a todos los beneficiarios". Entre los factores señalados se encuentra "la falta de profesionales en el sector de los cuidados y la escasez de plazas residenciales".
Licitación
Para afrontar esta situación, el Gobierno de Canarias impulsa medidas como la "licitación del servicio especializado de ayuda a domicilio, la implantación universal de la teleasistencia avanzada o la acreditación de profesionales autónomos para servicios de promoción de la autonomía personal".
Además, el Ejecutivo autonómico ha aprobado recientemente "cambios normativos en el sistema de dependencia que incluyen ayudas de hasta 900 euros para la figura del asistente personal, por encima de los máximos establecidos por el Estado". La reforma también modifica "la normativa de servicios sociales para ampliar la compatibilidad entre distintas prestaciones, lo que permitirá a las familias combinar recursos como la ayuda a domicilio con la asistencia personal para mejorar la atención de las personas dependientes".