Al menos 45 personas con el derecho reconocido a la prestación de asistencia personal en Canarias siguen sin poder cobrar la ayuda porque el Gobierno autonómico no ha aprobado aún la regulación necesaria para dar de alta nuevas solicitudes.
Así lo denuncia el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (ODESOCAN), que advierte que la cifra podría aumentar si se retrasa la aprobación del decreto anunciado por la Consejería de Bienestar Social.
No se incluyó en los Presupuestos
La directora del Observatorio, Emma Colao, explica que el cálculo parte de la evolución mensual de la prestación. “En enero deberían haberse dado de alta unas 45 personas nuevas, pero no se ha hecho porque no existe un régimen jurídico que lo permita”, señala.
Colao sitúa el origen del problema en la Ley de Presupuestos autonómicos de 2025, aprobada en diciembre, que no incluyó la regulación de la asistencia personal.
Llegaron los problemas
“Si la hubieran incorporado en los presupuestos, ahora no habría ningún problema. Pero no lo hicieron y ahora están intentando encajarla en un decreto ley de copago, que no tiene nada que ver con esta prestación”, afirma.
En este sentido, critica las declaraciones públicas de la consejera de Bienestar Social, que aseguró que no habría problemas con el pago en enero y acusó posteriormente a ODESOCAN de mentir. “La consejera sabía que era necesario un decreto para regular la prestación. Afirmar que no iba a pasar nada no era verdad”, sostiene.
Trabajando en una regulación
Tal y como reconoció la propia Bienestar Social a este medio, las personas ya incluidas en nómina seguirán cobrando, pero las nuevas altas no podrán percibir la prestación hasta que se apruebe el decreto correspondiente, pese a tener el derecho reconocido.
La consejería asegura estar trabajando en una modificación del Decreto Ley 3/2023 y en un decreto de copago para desbloquear la situación, que “saldrá en breve”.
La cifra puede crecer
Sin embargo, ODESOCAN advierte de que los plazos no están garantizados. “Si nadie presenta alegaciones, el decreto podría tardar alrededor de un mes. Pero como haya una sola alegación, el proceso se paraliza”, explica Colao.
Mientras tanto, las solicitudes pueden seguirse tramitando, pero las personas no pueden ser dadas de alta ni cobrar, lo que podría incrementar el número de afectados. “Ahora son 45 personas, pero esa cifra puede seguir creciendo”, alerta la directora del Observatorio, que recuerda además que, cuando se desbloquee la situación, la administración deberá abonar los pagos acumulados de varios meses.
Desde ODESOCAN reclaman a la consejería que deje de centrarse en desmentidos públicos y se enfoque en resolver el problema. “Estamos hablando de un derecho. Cada vez que no hacen su trabajo, se pierde tiempo y se pierden derechos”, concluye.