El Gobierno de Canarias trabajará para regular el próximo año la asistencia personal a personas en situación de dependencia, una medida con la que pretende mejorar la atención, reducir las listas de espera y facilitar que más personas puedan mantener su autonomía.
Así lo apuntan en una de las enmiendas recogidas en los Presupuestos autonómicos para 2026, en la que apuntan que se da un plazo de tres meses para sacar adelante la normativa necesaria.
Este medio, a través de ODESOCAN, ha tenido acceso a dos propuestas elaboradas por la Dirección General de Dependencia de cara a la regulación efectiva de la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP), así como la mejora de los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal (SPAP).
Qué es la PEAP
La PEAP se trata de una ayuda económica mensual destinada a que la persona dependiente pueda contratar a un asistente personal para facilitar la vida diaria, el acceso al empleo o a la educación y la participación social, algo clave para evitar que tenga que ingresar en una residencia u otro centro institucional, y pueda seguir viviendo en su entorno habitual.
Aunque esta prestación está reconocida en la Ley estatal de Dependencia, en Canarias apenas se ha aplicado hasta ahora por falta de regulación específica, una carencia que el Ejecutivo autonómico quiere corregir en 2026.
Hasta 800 euros de ayuda
La directora general del área, Concepción Ramírez, plantea la modificación del Decreto ley 3/2023, por el que se aprueban las condiciones y cuantías máximas de estas prestaciones económicas.
La propuesta contempla que las personas beneficiarias puedan recibir hasta 800 euros mensuales para acceder a un asistente personal en los casos de dependencia más severa (grado II y III), y hasta 336 euros para grado I.
El documento señala que el impacto económico inicial de la regulación de la medida será reducido, ya que actualmente solo nueve personas perciben esta prestación en el Archipiélago.
Qué es la SPAP
A esta idea de modificación, se suma la propuesta de reformar el artículo por el que se rigen los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal (SPAP). Son servicios terapéuticos especializados dirigidos a personas con dependencia, principalmente de grado I y II.
Incluyen prestaciones como fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, estimulación cognitiva o habilitación psicosocial, que se ofrecen de forma ambulatoria en clínicas, centros o consultas profesionales.
Listas de espera "insostenibles"
Según apunta el documento elaborado por Ramírez, estos servicios se encuentran en una situación “crítica” en Canarias porque la regulación los equipara a los centros de día, exigiendo los mismos requisitos de infraestructuras, personal y funcionamiento, a pesar de que tengan “diferencias esenciales” en cuanto a lo que ofrecen.
Esta equiparación entre unos y otros ha provocado un cuello de botella en el sistema, recoge el escrito. Uno de los principales problemas es que no existen casi centros ni autónomos acreditados para estos servicios. En 2025 solo se contabilizaron 20 centros en todo el Archipiélago, afectando sobre todo a las islas no capitalinas, que “prácticamente carecen de oferta”.
La falta de prestadores acreditados “impide ejecutar plenamente el presupuesto disponible”, por lo que desde Dependencia se considera que el “gasto público es ineficiente”. Todo ello lleva a que las listas de espera sean “insostenibles”, con más de 3.200 personas con prestación reconocida que esperan para poder acceder a SPAP, y un tiempo medio de tramitación que supera los 540 días, “muy por encima de los plazos razonables”.
Modificar la normativa
Para revertir esta situación, desde la Dirección General se propone modificar la normativa y reconocer los SPAP como servicios ambulatorios diferenciados, con requisitos más ajustados a su naturaleza.
El objetivo es facilitar que clínicas y profesionales autónomos puedan acreditarse, ampliar la oferta en todas las islas —incluidas las no capitalinas— y reducir de forma significativa las listas de espera.
Mejora de oferta y reducción de la espera
En las dos memorias explicativas de las propuestas, Ramírez subraya que estas reformas no implican un aumento significativo del gasto, sino una mejor utilización de los recursos disponibles.
Las previsiones apuntan a que la modificación normativa permitirá multiplicar la oferta de servicios acreditados, reducir las listas de espera hasta en un 40% en el primer año y mejorar la equidad territorial del sistema.
“La reforma no rebaja la calidad asistencial; al contrario, la mejora, porque permite que más personas accedan antes a terapias y apoyos esenciales para mantener su autonomía”, recoge el escrito, que recuerda que Canarias es actualmente la única comunidad autónoma que mantiene una regulación tan restrictiva de los SPAP, a la vez que tampoco cuenta con una regulación específica para las PEAP.