El Gobierno de Canarias ha introducido una enmienda en los Presupuestos Autonómicos de 2026 que obliga a regular, por primera vez, la prestación económica de asistencia personal para personas dependientes.
Lo que suena a buena noticia se nubla en el proceso, pues la prestación quedará suspendida mientras se trabaja en la elaboración y aprobación de esa normativa, algo que puede tardar varios meses, según denuncia el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (ODESOCAN).
No incluida en las prestaciones
Emma Colao, directora de ODESOCAN, expone que la asistencia personal, destinada a apoyar la autonomía de personas dependientes, comenzó a prestarse en Canarias apenas el año pasado, después de que ACUFADE se convirtiera en la primera entidad acreditada.
Sin embargo, el decreto canario que regula las prestaciones de dependencia nunca llegó a incluir esta modalidad, lo que obligó al Gobierno regional a concederla de forma excepcional basándose en la normativa estatal.
“Esto era una solución provisional. Si no se regula o al menos se incorpora de manera explícita en los presupuestos, jurídicamente deben dejar de concederla”, explica Colao.
Precariedad del sistema
Las cifras conicidad por ODESOCAN muestran la precariedad del sistema en cuanto a este servicio. Solo nueve personas reciben actualmente asistencia personal en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pese a que su cuantía — alrededor de unos 800 euros — es vital para garantizar apoyos esenciales en su vida diaria.
Con la enmienda recogida por el Gobierno autonómico, ODESOCAN asegura que las personas que ya la reciben dejarán de hacerlo en enero de 2026 y quienes quieran solicitarla no podrán hasta que se apruebe el nuevo decreto.
“Estamos hablando de casos de personas cuya única prestación es la asistencia personal, y que por su grado de dependencia están valorando incluso la eutanasia. Quitar este servicio las deja sin alternativas reales”, advierte Colao.
Acciones legales
La suspensión supone dejar sin cobertura un derecho reconocido en la Ley de Dependencia, según apuntan desde el Observatorio, cuya directora asegura que, si no se ofrece una solución rápida, iniciarán acciones legales.
“Si se cancelan las prestaciones, presentaremos un contencioso administrativo contra el Gobierno de Canarias”, afirma Colao, que considera que el Ejecutivo está obligando a las familias a retroceder mientras se tramita una regulación que llega con años de retraso.
Y es que el panorama para quienes pierdan la ayuda será pedir una revisión de su caso para intentar acceder a otra prestación, normalmente menos ajustada a sus necesidades.
Proceso de meses
Aunque la enmienda fija tres meses para impulsar la nueva regulación, los plazos administrativos apuntan a un proceso más largo. Tras la redacción inicial habrá periodos como el de exposición pública, que puede durar alrededor de un mes, así como varios trámites técnicos y jurídicos.
“El proceso completo puede tardar al menos seis meses”, calcula ODESOCAN. Hasta entonces, la asistencia personal quedará paralizada.
Debate Ley de Dependencia
La organización lamenta que esta situación derive de una decisión política de no incluir la prestación en la Ley de Presupuestos, lo que habría permitido mantenerla activa mientras se desarrollaba la normativa definitiva.
Encima, esta situación coincide con el debate de la nueva Ley de Dependencia en el Congreso de Diputados, lo que para ODESOCAN agrava todo, ya que “si la ley estatal se aprueba hoy, el Gobierno de Canarias ya estaría incumpliéndola desde el minuto cero”.
Presión para que se contemple
Asimismo, Colao apunta que, con la suspensión de la prestación, también se vulneran la Ley de Presupuestos, que obliga a financiar los derechos reconocidos por ley, y la Ley 8/2021, conocida como “Ley del derecho a decidir”, que erradica la incapacidad jurídica y obliga a las administraciones a dotar de apoyos como la asistencia personal.
La directora de la entidad indica que el futuro pende de que esta enmienda salga adelante el próximo martes y jueves, jornadas en las que se debatirán todos los puntos en el Parlamento canario.