El Gobierno de Canarias ha desmentido de forma tajante las advertencias de ODESOCAN, que alertó de que la asistencia personal quedaría paralizada en enero de 2026 debido a la enmienda introducida en los Presupuestos Autonómicos. El Ejecutivo sostiene que esta lectura es incorrecta y subraya que “la asistencia personal está en la Ley de Dependencia, está en la Ley Canaria de Servicios Sociales y va a seguir existiendo en Canarias”, en palabras de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.
El Gobierno recuerda que la prestación económica de asistencia personal está reconocida en la Ley 39/2006, que regula la autonomía personal y la atención a la dependencia, y también en la Ley 16/2019 de Servicios Sociales de Canarias. Por ello, insiste en que no se trata de una ayuda discrecional, sino de un derecho plenamente incorporado al catálogo autonómico.
Según el Ejecutivo, las personas que ya la reciben no la perderán y las nuevas solicitudes se seguirán tramitando con normalidad conforme a la legislación estatal y autonómica vigente.
Respuesta a las críticas
ODESOCAN había denunciado que la enmienda presupuestaria suspendía la prestación mientras se regula el servicio, lo que dejaría sin cobertura a quienes dependen de este apoyo económico. El Gobierno rechaza esta interpretación y afirma que la enmienda no elimina la prestación ni la deja “en el aire”, sino que habilita el desarrollo reglamentario necesario para consolidar un modelo alineado con el acuerdo estatal aprobado en 2023 por el Consejo Territorial.
“La alarma generada es injusta y falsa”, reprocha Delgado, quien sostiene que el Ejecutivo está trabajando precisamente para reforzar este derecho, no para recortarlo.
Actualización del sistema y ampliación del servicio
El Gobierno destaca que Canarias cuenta por primera vez con un servicio acreditado de asistencia personal y que su intención es ampliar el número de entidades autorizadas, con el fin de llegar a más personas en situación de dependencia o discapacidad. La adaptación de los procedimientos al marco estatal —subraya— es un proceso que está realizando también el resto de comunidades autónomas y no supondrá interrupciones en las concesiones ni en los pagos.
El Ejecutivo insiste en que ninguna persona que tenga reconocida la prestación la perderá por la entrada en vigor de los Presupuestos de 2026, y que cualquier futura modificación del catálogo o de las cuantías se realizará con plena seguridad jurídica.
Además, tiende la mano a las entidades sociales para aclarar dudas, pero reclama prudencia: “No es aceptable afirmar que se apaga un derecho cuando está plenamente reconocido en la legislación y estamos trabajando para reforzarlo”, señaló Delgado.