Las personas que han sido dadas de alta en la prestación de asistencia personal en Canarias durante enero no podrán cobrar la ayuda a final de este mes debido a la falta de una regulación en vigor.
Así lo ha reconocido la propia Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, que asegura estar trabajando en el decreto necesario para poder abonar las prestaciones a los nuevos beneficiarios. “Saldrá en breve”, afirman.
Pendientes de un decreto
El área autonómica ha explicado a este medio que los pagos de la prestación del asistente personal “están pendientes de una modificación del Decreto Ley 3/2023 para incorporar su regulación”, así como la inclusión del grado III plus, recientemente regulado por el Estado, y la prestación para el mismo.
“Las personas que están en nómina, siguen estando en nómina”, señalan desde Bienestar Social, aclarando que quienes ya venían cobrando la prestación no dejarán de hacerlo. Sin embargo, admiten que las nuevas altas no podrán incorporarse a nómina hasta que el decreto sea aprobado.
"Estará en breve"
Es decir, las personas dadas de alta recientemente en la prestación de asistencia personal no cobrarán a final de este mes, pese a tener reconocido el derecho, al no existir en estos momentos un marco normativo que permita tramitar el pago.
Según apuntan, el Ejecutivo ya ha iniciado la tramitación de un decreto de ley de copago que asegure el abono de estas ayudas de dependencia y aseguran que “estará todo en breve”.
Fuentes conocedoras del proceso señalan que, si el decreto no sufre retrasos, impugnaciones o enmiendas, podría aprobarse en aproximadamente un mes. De cumplirse esos plazos, las nuevas altas podrían cobrar en febrero las mensualidades correspondientes a enero y febrero.
Qué es la asistencia personal
La Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP) se trata de una ayuda económica mensual destinada a que la persona dependiente pueda contratar a un asistente personal para facilitar la vida diaria, el acceso al empleo o a la educación y la participación social.
Supone una ayuda clave para evitar que tenga que ingresar en una residencia u otro centro institucional, y pueda seguir viviendo en su entorno habitual.
Aunque esta prestación está reconocida en la Ley estatal de Dependencia, en Canarias apenas se ha aplicado hasta ahora por falta de regulación específica, una carencia que el Ejecutivo autonómico está buscando corregir este año 2026.