El Gobierno de España ha finalizado los trámites administrativos necesarios para la reubicación de los primeros niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados llegados a las costas españolas tras la declaración de la contingencia migratoria en Ceuta, Melilla y Canarias. Este proceso se enmarca en el Real Decreto Ley 2/2025, que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería.
Este martes se celebró una reunión presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, con la participación de los secretarios de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y de Juventud e Infancia, Rubén Pérez. También estuvieron presentes la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh; la delegada en Ceuta, Cristina Pérez; la subdelegada en Las Palmas, Teresa Mayans; y el subdelegado en Santa Cruz de Tenerife, Javier Plata. A la cita asistieron igualmente la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez; el director general de la AGE en el Territorio, Agustín Torres; y el director general de Régimen Jurídico Autonómico y Local, Gonzalo Díaz.
Canarias
Las delegadas del Gobierno en Ceuta y Melilla tienen previsto reunirse mañana con representantes de los ejecutivos de ambas ciudades autónomas y con la Fiscalía, con el objetivo de cerrar las reubicaciones una vez asignadas las comunidades autónomas de destino. Asimismo, el Ejecutivo central prevé un encuentro en Canarias, donde el primer menor registrado tras declararse la contingencia llegó el pasado 11 de septiembre.
El Real Decreto Ley establece dos mecanismos diferenciados: un plazo administrativo de 15 días para los menores llegados después de la declaración de la contingencia migratoria, y un periodo de cuatro meses para aquellos que ya se encontraban en los territorios frontera con anterioridad.
Trámites
En las últimas semanas, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno han mantenido reuniones de gestión, coordinación y seguimiento de los expedientes, además de realizar los trámites necesarios.
Entre ellos se encuentran la inscripción de los menores en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados por parte de la Policía Nacional, la propuesta de determinación de la comunidad autónoma de destino, la audiencia al menor, la solicitud de informe a la comunidad o ciudad autónoma de origen y la comunicación a la Fiscalía, entre otras actuaciones.