La entrada de Marruecos en el negocio de las terminales portuarias de Canarias continúa pendiente de la autorización del Gobierno de España. Casi un año después de que la empresa marroquí Marsa Maroc anunciara un acuerdo para adquirir el 45% de Boluda Maritime Terminals (BMT) por 80 millones de euros, el Ministerio de Economía ha confirmado que la operación sigue sometida al mecanismo de control de inversiones extranjeras y que su evaluación todavía no ha concluido.
La transacción afecta directamente a Canarias, ya que la filial del grupo naviero valenciano gestiona terminales en cinco puertos del Archipiélago: Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura. Se trata de instalaciones integradas en la actividad logística de las Islas, donde el transporte marítimo desempeña un papel fundamental para el abastecimiento y el movimiento de mercancías.
Según publica este viernes El Confidencial, el Gobierno central lleva meses estudiando las implicaciones de la entrada de Marsa Maroc, una compañía participada por el Estado marroquí, en el accionariado de la empresa española. El expediente permanece en manos de la Junta de Inversiones Exteriores, un organismo en el que participan representantes de distintos ministerios y de instituciones vinculadas a la seguridad nacional.
La decisión final corresponderá al Consejo de Ministros, que deberá determinar si autoriza la operación, establece condiciones o rechaza la adquisición.
Defensa y el CNI
El análisis del Gobierno español no se limita a comprobar los términos económicos de la compraventa. La legislación sobre inversiones extranjeras contempla controles específicos cuando una operación puede afectar a sectores considerados estratégicos o a infraestructuras esenciales para el país.
En este caso, la participación de una compañía vinculada al Estado marroquí en una sociedad que explota terminales portuarias españolas ha llevado la transacción al mecanismo de supervisión previsto en el artículo 7 bis de la Ley 19/2003.
La evaluación corresponde a la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), un órgano colegiado en el que están representados diferentes departamentos de la Administración central y organismos relacionados con la seguridad del Estado, entre ellos el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Departamento de Seguridad Nacional.
Esto no significa que se haya acreditado una amenaza concreta para la seguridad nacional, sino que la adquisición debe superar un procedimiento administrativo específico antes de poder ejecutarse.
El Ministerio de Economía confirmó a El Confidencial que la operación está sujeta al control de inversiones exteriores y que continúa pendiente de análisis.
Según el mismo medio, fuentes próximas al grupo Boluda reconocen que han recibido peticiones de documentación y explicaciones adicionales sobre la transacción.
Cinco puertos canarios
La importancia del acuerdo radica en la presencia que Boluda mantiene en el sistema portuario español y, especialmente, en Canarias.
Su filial Boluda Maritime Terminals gestiona instalaciones destinadas a operaciones de carga, descarga y manipulación de mercancías en diferentes puertos. En el Archipiélago, su actividad se extiende a Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.
La operación no supone la venta de los puertos ni de sus infraestructuras públicas a Marruecos. Lo que se ha pactado es la adquisición de una participación del 45% en una empresa privada que explota determinadas terminales mediante concesiones administrativas.
Boluda conservaría el 55% restante del capital y, por tanto, la mayoría accionarial.
Sin embargo, la posible incorporación de Marsa Maroc al accionariado ha generado preocupación entre diferentes instituciones canarias por la influencia que podría llegar a ejercer en un sector estrechamente relacionado con la conectividad marítima y la actividad económica del Archipiélago.
La principal incógnita es hasta qué punto la participación minoritaria de una empresa vinculada a otro Estado podría tener consecuencias sobre las decisiones empresariales, las inversiones y la competencia entre puertos.
La amenaza de Dajla
Uno de los principales focos de preocupación se encuentra a varios cientos de kilómetros de Canarias, en la costa atlántica del Sáhara Occidental.
Marruecos impulsa allí el desarrollo de Dakhla Atlantique, un nuevo complejo portuario concebido para reforzar su posición en las rutas comerciales entre África, Europa y América.
La futura infraestructura podría competir con el Puerto de Las Palmas en actividades como el transbordo de contenedores y los servicios logísticos asociados al tráfico marítimo internacional.
Esta posibilidad fue analizada recientemente en un informe elaborado por investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), por encargo del Cabildo insular.
El documento, titulado Retos del Puerto de Las Palmas ante las nuevas tendencias de las redes logísticas en regiones de África Occidental, estudia las transformaciones del transporte marítimo y los efectos que podrían tener los nuevos desarrollos portuarios africanos sobre la competitividad de Gran Canaria.
Entre sus advertencias figura la posible influencia de la alianza entre Boluda y Marsa Maroc en un contexto en el que los puertos canarios y los nuevos enclaves marroquíes competirán por atraer tráfico marítimo, inversiones y actividad logística.
Los autores plantean como un riesgo potencial que parte de los tráficos de mercancías puedan desplazarse hacia instalaciones situadas en la costa africana. No obstante, este escenario constituye una advertencia sobre posibles efectos futuros, no una pérdida de actividad que ya se haya producido como consecuencia del acuerdo.
Rechazo de los cabildos
Las instituciones insulares han trasladado sus reservas al Gobierno central.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, remitió en enero de 2026 una comunicación al Ejecutivo español solicitando que examinara las consecuencias de la operación y valorara la posibilidad de condicionarla o impedirla si se apreciaban riesgos para los intereses estratégicos del Archipiélago.
La preocupación volvió a ponerse sobre la mesa este mes de octubre, durante la presentación del informe encargado a la ULPGC.
Morales cuestionó la conveniencia de permitir que una compañía participada por un Estado con intereses portuarios propios entre en el accionariado de una empresa que gestiona instalaciones importantes para el transporte de mercancías en Canarias.
El Cabildo de Tenerife también manifestó públicamente su oposición a la operación el pasado 2 de octubre, reclamando que el Gobierno de España no la autorizara sin una evaluación exhaustiva de sus posibles efectos económicos, laborales, logísticos y sobre la competencia.
La institución tinerfeña pidió, además, estudiar el riesgo de que parte del tráfico marítimo, las inversiones o la actividad económica pudieran desplazarse hacia puertos marroquíes.
Boluda niega los riesgos
Frente a estas advertencias, Boluda defiende que la incorporación de Marsa Maroc no supondrá entregar a Marruecos el control de sus terminales ni de las decisiones sobre el tráfico portuario en Canarias.
La compañía ha rechazado las conclusiones del informe impulsado por el Cabildo de Gran Canaria que vinculan la operación con posibles riesgos para la competitividad portuaria.
Tal y como publicó Atlántico Hoy el pasado 16 de octubre, fuentes cercanas a la naviera consideran que esas interpretaciones se apoyan en especulaciones y no reflejan adecuadamente el funcionamiento del sector.
El grupo recuerda que mantendrá la mayoría del capital de Boluda Maritime Terminals y sostiene que la participación de Marsa Maroc no otorgará al socio marroquí capacidad unilateral para dirigir la estrategia de las terminales españolas.
También argumenta que el negocio portuario tiene un marcado carácter internacional y que la gestión de instalaciones por parte de operadores extranjeros es habitual en los principales puertos europeos.
Según las explicaciones trasladadas por fuentes próximas a la compañía, las decisiones de las navieras sobre dónde cargar o descargar mercancías responden a numerosos factores comerciales y operativos, por lo que no dependen exclusivamente del accionariado de una empresa concesionaria.
Marruecos ya dio luz verde
Mientras España continúa examinando la adquisición, Marruecos ya ha autorizado la operación mediante un decreto gubernamental.
El acuerdo contempla el desembolso de 80 millones de euros por el 45% del capital de Boluda Maritime Terminals, una participación que permitirá a Marsa Maroc ampliar su presencia internacional si obtiene las autorizaciones pendientes.
La aprobación marroquí estableció un plazo que se extiende hasta el 9 de abril de 2027 para completar la transacción.
La alianza entre ambas compañías no comienza con esta operación. Boluda y Marsa Maroc ya mantienen relaciones empresariales en otros enclaves portuarios del país vecino.
Entre ellas destacan sus acuerdos para prestar servicios de remolque en Tánger Med y Nador West Med, dos infraestructuras relevantes en la estrategia de expansión logística de Marruecos.
En esos negocios, Boluda conserva participaciones mayoritarias del 51%, mientras que Marsa Maroc cuenta con el 49% restante.
Esta relación empresarial forma parte de la estrategia de internacionalización de ambas compañías, aunque ahora queda sometida a un mayor escrutinio por su posible extensión al negocio de las terminales españolas.
Pendiente del Gobierno
La decisión sobre la adquisición llega en un momento especialmente delicado del calendario político español, a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
El procedimiento todavía no ha concluido y el Gobierno no ha comunicado públicamente cuándo adoptará una resolución definitiva.
La Junta de Inversiones Exteriores deberá completar su evaluación antes de que el Consejo de Ministros decida sobre la autorización.
Si la operación continúa pendiente después de las elecciones, su resolución podría corresponder al próximo Ejecutivo, dependiendo de los plazos administrativos y de la formación del nuevo Gobierno.
Por ahora, Marsa Maroc no dispone de la autorización española necesaria para ejecutar la adquisición del 45% de Boluda Maritime Terminals, por lo que el acuerdo anunciado en diciembre de 2025 sigue pendiente de completarse.
El futuro de la transacción mantiene así abiertas dos cuestiones que afectan directamente a Canarias: las condiciones bajo las que podrá incorporarse capital marroquí a una empresa con actividad en cinco puertos insulares y las medidas que deberán adoptar las instituciones para proteger la competitividad del Archipiélago ante la expansión portuaria del país vecino.
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