La situación de los trabajadores del Centro de Internamiento Educativo de Menores (CIEM) La Montañeta ha llegado este miércoles al pleno del Parlamento de Canarias, en plena huelga indefinida de la plantilla. El debate ha enfrentado las denuncias del PSOE sobre falta de personal, agresiones y condiciones laborales con la defensa del Gobierno autonómico de las medidas adoptadas en los centros.
La diputada socialista Elena Máñez ha reclamado "condiciones de trabajo dignas" para los empleados de los centros de menores y el reconocimiento de la responsabilidad y el riesgo que asumen en su trabajo. Máñez ha mostrado además su apoyo a la movilización de los trabajadores de La Montañeta.
124 agresiones este año
Durante su intervención, la diputada del PSOE ha asegurado que los trabajadores han sufrido 124 agresiones en lo que va de año, el doble que en el ejercicio anterior, y ha denunciado un déficit estructural de personal.
Según Máñez, los turnos de noche se están cubriendo con entre 9 y 12 trabajadores, frente a los 17 que establece la ratio, una situación que, a su juicio, dificulta garantizar tanto la seguridad de los empleados como la atención a los menores.
La diputada también ha alertado de los intentos de suicidio de internos, de la elevada carga emocional que soportan los educadores y de la ausencia, según ha denunciado, de una evaluación de riesgos psicosociales.
A ello ha sumado las reclamaciones económicas de la plantilla, entre ellas el plus de insularidad, así como el deterioro de determinadas instalaciones y la falta de materiales para desarrollar las actividades socioeducativas.
El Gobierno niega el abandono
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha rechazado que los centros de internamiento se encuentren en una situación de abandono y ha defendido el trabajo de los equipos educativos con menores que presentan perfiles cada vez más complejos.
Delgado ha cifrado en 562 profesionales la plantilla del programa de internamiento, 76 más que en el mandato anterior, y ha señalado que cada recinto cuenta además con un dispositivo de unos 70 vigilantes de seguridad.
En cuanto a la ocupación, ha indicado que La Montañeta tiene actualmente 54 menores, mientras que Valle Tabares cuenta con 63, en ambos casos por debajo de la capacidad máxima de las instalaciones.
El Ejecutivo también ha defendido que los centros disponen de protocolos de emergencia frente a agresiones y programas específicos de atención terapéutica para problemas de salud mental, drogodependencias y discapacidad intelectual.
El salario enfrenta a Gobierno y PSOE
Uno de los principales puntos de discrepancia durante el debate ha sido el nuevo convenio colectivo de la Fundación Canaria de Juventud IDEO, entidad encargada de la gestión de los centros.
Delgado ha defendido el acuerdo alcanzado para que el personal recupere el 5 % de la masa salarial que fue recortado en 2011 y ha remarcado que se trata de un resultado de la negociación colectiva con el respaldo de la representación sindical mayoritaria.
La consejera ha señalado que el convenio no cuenta, sin embargo, con el respaldo del comité de empresa de La Montañeta. Máñez ha cuestionado la forma en la que se ha planteado el acuerdo y ha atribuido su aceptación parcial por algunos trabajadores a un supuesto "chantaje", al sostener que se les planteó que debían firmarlo en un plazo determinado para recuperar ese porcentaje salarial.
La recuperación del 5 % forma parte de las medidas laborales que el Gobierno ha defendido en los últimos meses para el personal de los centros. Además, el Ejecutivo autorizó esta semana un gasto de 13,85 millones de euros para 2027-2029 destinado a los servicios de vigilancia, protección y videovigilancia de La Montañeta y Valle Tabares.
Obras y nuevo centro terapéutico
Máñez ha cuestionado también la ejecución de las inversiones previstas para mejorar las instalaciones. En concreto, ha denunciado que todavía no se han licitado determinadas obras financiadas con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
La diputada socialista ha señalado además que tampoco se ha ejecutado el proyecto para construir un nuevo centro de internamiento terapéutico, destinado a atender a menores con perfiles especialmente complejos.
El conflicto laboral de La Montañeta llega así a la Cámara autonómica mientras los trabajadores mantienen su huelga indefinida y reclaman cambios en materia de personal, seguridad y salarios. El debate parlamentario ha evidenciado que Gobierno y comité de empresa mantienen posiciones diferentes sobre la dimensión del problema y sobre las medidas necesarias para resolverlo.
La situación de La Montañeta ya había sido trasladada al Parlamento mediante iniciativas específicas sobre las condiciones laborales, la falta de personal y la escalada de violencia denunciada por los trabajadores.
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