Intersindical Canaria (IC) exigió este domingo el cese inmediato del director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, por sus declaraciones contra el diputado de Nueva Canarias (NC), Yone Caraballo, durante la comisión parlamentaria de Sanidad celebrada el pasado viernes.
El sindicato considera que el responsable del SCS “traspasó una línea roja moral y legal” al revelar públicamente datos médicos del parlamentario, enfermero de profesión, a quien acusó de haberse cogido una baja laboral durante la pandemia “para ocupar un cargo de gestión”.
Acciones legales
La intervención de Goya se produjo mientras informaba, a instancias del PSOE, sobre las listas de espera quirúrgicas. En plena sesión, el director del SCS mencionó la enfermedad que motivó la baja de Caraballo, lo que ha provocado una ola de críticas políticas y sindicales.
Nueva Canarias ha reclamado el cese inmediato del cargo y estudia acciones legales por la vulneración de datos personales altamente protegidos, al entender que el episodio constituye un precedente “muy grave” en la gestión de información sanitaria desde una institución pública.
Arma política
Por su parte, Intersindical Canaria amplió la exigencia de responsabilidades a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, por mantener a Goya en el puesto. La organización entiende que tanto el director del SCS como la titular del departamento muestran una “incompatibilidad manifiesta para representar a una administración pública”, y advierte que la actitud del primero “erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y en la protección de los datos sanitarios”.
“¿Qué clase de garantías ofrece un equipo que accede a información confidencial de un trabajador sanitario para usarla como arma política?”, cuestiona el sindicato en su comunicado, en el que denuncia además un tono “de matonismo trumpista y mediocridad” por parte de Goya en su intervención.
Ataque personal
IC, que asegura conocer su gestión al frente del Hospital Universitario de Canarias, sostiene que el responsable del SCS ha recurrido al ataque personal “por falta de argumentos y formación para sostener un debate técnico”.
El sindicato concluye su comunicado reafirmando su defensa del respeto personal, la dignidad y la privacidad como valores “inquebrantables” en la función pública, y advierte que el Gobierno de Canarias debe actuar con firmeza para evitar que este tipo de conductas “deterioren la confianza en la sanidad pública y en la ética institucional”.