El pleno del Parlamento de Canarias ha decidido continuar con la tramitación del proyecto de ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias, pese a los intentos de Nueva Canarias y el PSOE de paralizar el procedimiento. La posición de los grupos de la oposición se sustentaba en el informe del Consejo Consultivo, que advertía de una posible vulneración de la Constitución por parte del texto legal.
Los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias —Coalición Canaria, Partido Popular, ASG y AHI— votaron en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de izquierda con el objetivo de frenar la iniciativa. Tras el rechazo de estas enmiendas, el proyecto de ley entra ahora en la fase de enmiendas parciales, que permitirán introducir modificaciones puntuales al articulado.
Críticas del Consultivo
Las observaciones del Consejo Consultivo centraron buena parte del debate impulsado por los grupos que defendieron las enmiendas a la totalidad. Estos llegaron a asegurar que se trata del dictamen más duro de las dos últimas legislaturas, como afirmó la diputada de Nueva Canarias–Bloque Canarista, Carmen Hernández.
El Consultivo señaló en su informe que el artículo 13, el apartado 1.d del artículo 14, las letras c y d del artículo 19.3, así como el apartado 4 del artículo 19 y el artículo 20 del texto vulneran la legislación vigente. El dictamen concluye que vincular el mandato de los miembros de la Junta de Control de Radio Televisión Canaria a la legislatura parlamentaria, tal y como establecen los artículos 13, 14 y 19, resulta incompatible con el reglamento europeo.
Injerencia del Gobierno
El órgano consultivo también advirtió de que la previsión de ceses anticipados “sin causas tasadas y control judicial” vulnera la normativa europea, que establece que la remoción del responsable de gestión o de los miembros del consejo de administración solo puede producirse “con carácter excepcional” y por motivos objetivos previamente definidos.
Asimismo, el Consultivo alertó sobre la intromisión del Ejecutivo autonómico al permitir que, “en última instancia”, el titular de “una Consejería del Gobierno de Canarias” designe al sustituto interino del director general. Esta previsión, según el dictamen, “supone una injerencia directa del Ejecutivo en la gestión del ente público, vulnerando el principio de independencia funcional recogido en la propia norma y desnaturalizando el sistema de control parlamentario exigido por el art. 20.3 CE”.
Respuesta del Ejecutivo autonómico
La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, Nieves Lady Barreto, señaló al respecto de los apuntes hechos por el Consultivo sobre que el mandato de la Junta de Control y del Parlamento de Canarias no debe coincidir, a lo que ha respondido la consejera que no se contradice el reglamento parlamentario y que “se respeta el principio de pluralismo democrático”.
Barreto también sostuvo que el Gobierno de Canarias no comparte que el cese anticipado de la Junta de Control o de la Dirección General responda a criterios discrecionales, ya que “solo puede producirse cuando se produce el incumplimiento de alguno de los requisitos por los que fue nombrado”.
En cuanto a la justificación del artículo 20.3, la consejera argumentó que “aunque sea un caso excepcional puede darse en el transcurso del tiempo”. Barreto recordó que ya se han producido situaciones en las que el Parlamento de Canarias no ha podido elegir a los miembros de la Junta de Control, lo que, a su juicio, justifica que el director general asuma de forma provisional no solo sus funciones, sino también las de dicho órgano.
Críticas de la oposición
Pese a las palabras de Barreto, la diputada socialista Nira Fierro fue contundente: “A cualquier demócrata que estuviera ahí sentado le daría vergüenza los señalamientos que hace el Consultivo de injerencia política y voluntad clara de control”. La socialista también criticó que el presidente canario, Fernando Clavijo, reclame consensos en Madrid para las reivindicaciones de Canarias mientras no convoca a los grupos para la elaboración de leyes que afectan al Archipiélago. Asimismo, cuestionó el carácter urgente de la tramitación de este proyecto de ley.
En términos similares se expresó Carmen Hernández, quien calificó el texto como “ilegal y antidemocrático” y aseguró que “vulnera la Constitución Española”. Amparándose en el dictamen del Consultivo, la diputada reprochó al Ejecutivo que, cuando los informes no avalan su posición, se minimicen como meramente “orientativos o consultivos”.
Riesgos para la independencia de RTVC
La diputada de Nueva Canarias advirtió del riesgo de pérdida de independencia editorial, al considerar que “una sola persona concentra todo el poder”. También alertó sobre la disolución del Consejo Informativo, órgano representativo de los trabajadores, dentro del Consejo Asesor, y criticó el incremento de la capacidad de contratación del administrador general, César Toledo, hasta 1,5 millones de euros.
Por su parte, la diputada de Vox, Paula Jover, afirmó que la intención de la ley es que RTVC siga “dependiendo aún más” del presidente del Gobierno de Canarias. A su juicio, la Junta de Control y el director general podrían convertirse en “instrumentos susceptibles de presión política, comprometiendo la independencia editorial y operativa del ente público”.
Defensa del texto
Para los grupos que respaldan al Ejecutivo autonómico, el dictamen del Consejo Consultivo apenas tuvo relevancia en el debate. Solo la diputada de Coalición Canaria, Vidina Espino, hizo referencia expresa al informe, asegurando que ya se introdujeron modificaciones previas a la entrada del proyecto en el Parlamento y adelantando que “habrá otras que estudiaremos durante el proceso de enmiendas”. “Creemos que puede haber propuestas razonables”, añadió.
El diputado de AHI, Raúl Acosta, justificó los aspectos cuestionados por el Consultivo en el bloqueo institucional que, según expuso, ha sufrido el ente por la falta de acuerdos parlamentarios. Parte de su intervención la dedicó a criticar las formas y el tono de la oposición, reprochando incluso al PSOE la gestión de RTVE a nivel nacional por los presuntos sesgos en algunos programas.
En la misma línea, el diputado del Partido Popular arremetió contra la gestión socialista del ente público estatal, mientras que la diputada de ASG, Melodie Mendoza, centró su argumentación en la necesidad de reformar la ley para poner fin a la “parálisis orgánica” de RTVC.