El Comisionado de Transparencia de Canarias exigirá por primera vez a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales que informen sobre sus estatutos, retribuciones y perfiles profesionales de sus directivos. La medida busca reforzar el control público sobre las entidades que reciben financiación institucional.
Según explicó la comisionada Noelia García Leal durante una jornada en el Parlamento de Canarias, el órgano fiscalizador evaluará 1.100 entidades privadas, de las cuales más de 400 repiten del año anterior. Están obligadas aquellas que en 2024 recibieron subvenciones superiores a 60.000 euros, o que de forma acumulada superaron los 100.000, además de las que hayan percibido más de 5.000 euros si esa cantidad representa más del 30 % de sus ingresos anuales.
García Leal recordó que “la transparencia es la base sobre la que se construye la confianza de la ciudadanía en las entidades que reciben fondos públicos”. En total, estas organizaciones gestionaron más de 600 millones de euros en ayudas y subvenciones el pasado ejercicio.
Portal de transparencia y calendario
Como novedad, el Comisionado pondrá en marcha un portal de transparencia propio para las entidades que carezcan de uno. El plazo de presentación se abrirá el 27 de octubre y finalizará el 28 de noviembre.
Entre finales de año y comienzos de 2026 se emitirán las notas provisionales, que podrán ser recurridas en el plazo de un mes. Las calificaciones definitivas se harán públicas en la segunda quincena de febrero.
Obligaciones informativas
El jefe del Servicio de Evaluación y Control, Miguel Ángel Herrero, explicó que la evaluación comenzará con los partidos con representación parlamentaria y con los sindicatos y patronales de mayor representatividad, aunque el proceso se ampliará en años sucesivos.
Las entidades deberán publicar 16 informaciones básicas, ampliadas a 17 para sindicatos y patronales y 20 en el caso de los partidos políticos. Entre ellas figuran los estatutos, organigramas, perfiles de directivos, retribuciones, cuentas anuales, auditorías y ayudas públicas recibidas.
Herrero precisó que “la obligación es presentarse a la evaluación, no aprobarla”, aunque anticipó que algunas entidades podrían hacerlo de forma voluntaria para reforzar su imagen de credibilidad y confianza ante la ciudadanía.