La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, advirtió este lunes de que la nueva ley de vivienda vacacional aprobada por el Parlamento de Canarias el pasado 12 de noviembre deja un escenario de "inseguridad jurídica" para miles de pequeños propietarios y a los ayuntamientos “ante un desastre administrativo” al obligarlos a asumir "en ocho meses lo que no hicieron ni cabildos ni Gobierno autonómico en 10 años".
Acompañada por el director general de Gestiona Mogán, Eduardo Álamo, Bueno expuso que la nueva Ley obliga a los consistorios a tratar las viviendas vacacionales (VV) como actividades clasificadas, aunque esta normativa es de 2011, anterior al auge del alquiler turístico, y que “ninguna” vivienda vacacional cumple esos requisitos porque la regulación no se adaptó a tiempo.
La regidora advierte de que, si el Ejecutivo no aprueba una disposición transitoria y un decálogo específico para las viviendas vacacionales, “a comienzos de 2027 podrían dejar de ejercer prácticamente todas” las 47.754 viviendas registradas en Canarias —2.800 en Mogán—, al quedar fuera por incumplimiento técnico.
Cargas para los ayuntamientos
La alcaldesa sostine eque la nueva norma convierte a los ayuntamientos en "verdugos" al adjudicarles las competencias de inspección, supervisión y tramitación completa de las actividades. Por lo que, aunque los cabildos emitirán informes vinculantes que podrían ordenar la denegación o la revocación de las licencias, serán los consistorios quienes deban firmar esas resoluciones y, por tanto, afrontar los litigios derivados.
Junto a Álamo, Bueno recalca toda la carga económica, jurídica y administrativa de un problema que el Gobierno “quiere resolver eliminando este modelo alojativo”. Todo ello desde el coste del asesoramiento para elaborar y ejecutar en apenas ocho meses planes de control e inspección que nunca antes se habían aplicado a las VV hasta la gestión de esos posibles litigios.
88 posibles interpretaciones
A ello se suma un problema estructural: la Ley no fija un criterio único. Cada cabildo y cada ayuntamiento podrá interpretar de forma diferente las actividades clasificadas, generando decisiones contradictorias entre islas e incluso entre municipios colindantes. Mogán alerta de que una vivienda legal hoy podría ser aceptada en un territorio y rechazada en otro bajo las mismas condiciones. Es decir, "la ley genera 88 interpretaciones distintas, una por municipio".
La preocupación municipal se centra especialmente en los propietarios individuales. La nueva regulación les exige informes técnicos, adecuaciones costosas y demostrar compatibilidad urbanística, algo que muchos no podrán asumir. Además, en suelo residencial solo un 10% de las viviendas podrán ser turísticas, lo que deja a una parte del parque actual en riesgo de quedar automáticamente fuera del sistema legal.
Propuestas soluciones
El Ayuntamiento de Mogán ha puesto sobre la mesa tres vías de corrección.
La primera - que ya fue presentada por la FECAM y se ha rechazado - una Disposición Transitoria que suspenda temporalmente la aplicación de actividades clasificadas a las VV ya dadas de alta y que obligue al Gobierno canario a aprobar, en un plazo de seis meses, un decreto claro y específico sobre los requisitos exigidos.
Otra opciones propuesta es redefinir las VV como actividad inocua, modificando el Decreto 52/2012 para equipararlas a los arrendamientos de temporada, tal y como sugieren los informes técnicos municipales —que recuerdan que estas viviendas no generan molestias ni riesgos equiparables a hoteles o complejos con instalaciones comunes—.
O, por último, declararlas actividad exenta mediante la modificación del Reglamento de Actividades Clasificadas, igualando su tratamiento al de los establecimientos turísticos sometidos a autorización previa, incluidos expresamente en el artículo 69 del decreto vigente.
Fin de las viviendas vacacionales
Bueno recordó también que solo un número limitado de actores puede recurrir la Ley ante el Tribunal Constitucional y que el plazo para hacerlo es de tres meses desde su publicación.
La regidora advierte de que, si el Ejecutivo no aprueba alguna de estas propustas, “a comienzos de 2027 podrían dejar de ejercer prácticamente todas” las 47.754 viviendas registradas en Canarias —2.800 en Mogán—, al quedar fuera por incumplimiento técnico. Por lo que, ha concluido con que "si no se introucen correcciones inmediatas, esta Ley será el fin de las viviendas vacacionales en Canarias".