El Parlamento de Canarias ha aprobado la nueva ley que regulará las viviendas vacacionales en las islas, con el objetivo de frenar la gentrificación y garantizar el acceso a la vivienda. La norma, impulsada por el Gobierno regional (CC, PP, AHI y ASG), salió adelante sin consenso, con el voto en contra de PSOE, Nueva Canarias y Vox, que la consideran perjudicial para los pequeños propietarios.
El texto establece que el uso turístico pasa a considerarse una actividad económica y solo podrá autorizarse en aquellas zonas donde el planeamiento municipal lo permita expresamente. Los ayuntamientos serán los encargados de definir en qué áreas del municipio se podrá desarrollar esta actividad, atendiendo a criterios de sostenibilidad, capacidad de carga y equilibrio territorial.
80 % del suelo para uso residencial
La ley fija que al menos el 80 % del suelo residencial se destine a vivienda habitual, un porcentaje que sube al 90 % en municipios turísticos o con alta presión inmobiliaria. En cambio, en las islas verdes y zonas con despoblación se permitirá cierta flexibilidad para favorecer el desarrollo local.
Además, las viviendas protegidas, los suelos rústicos y los espacios naturales quedan excluidos del uso turístico, y las nuevas construcciones no podrán destinarse directamente al alquiler vacacional.
Un debate marcado por la división
La consejera de Turismo, Jessica de León (PP), reconoció que se trata de una ley “difícil de tramitar” pero necesaria para “ordenar un fenómeno en expansión”. El Gobierno defiende que la norma “no prohíbe, sino que ordena”, buscando un equilibrio entre el turismo y el derecho a la vivienda.
Desde la oposición, el PSOE y Nueva Canarias criticaron la falta de diálogo y denunciaron que el texto “favorece a los intereses turísticos” mientras “castiga a los residentes”. Según el diputado socialista Gustavo Santana, durante los 20 meses de tramitación se sumaron 32.000 nuevas viviendas vacacionales, más que las construidas en tres décadas.
Por su parte, la patronal Ascav advirtió de que la ley “expulsará del mercado a miles de propietarios” y supondrá “la práctica erradicación del alquiler vacacional en Canarias”.
Aun con las críticas, el Ejecutivo regional sostiene que la norma busca proteger el derecho a una vivienda digna sin renunciar al modelo turístico, delegando en los municipios la capacidad de equilibrar ambos intereses.