Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) arremetió este viernes contra el modelo de política de vivienda del Ejecutivo de Fernando Clavijo, al que acusa de fomentar la especulación inmobiliaria con recursos públicos, marginando a las familias trabajadoras, vulnerables y con rentas medias.
En un comunicado, el grupo canarista denunció que Coalición Canaria y el Partido Popular están “al servicio del capital privado”, al combinar incentivos fiscales como la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) para vivienda libre en alquiler, con la externalización del control urbanístico a través de empresas privadas, sin mecanismos de fiscalización pública.
Ciclo especulativo
NC advierte de que esta fórmula genera un ciclo especulativo en tres fases: primero, se permite que los más de 2.000 millones de euros de la RIC financien promociones de vivienda libre; segundo, esas viviendas pueden venderse a precio de mercado pasados cinco años de arrendamiento, generando plusvalías; y tercero, el proceso se desarrolla sin control público, al delegar licencias y trámites urbanísticos en manos privadas.
“Han diseñado una estructura fiscal, jurídica y urbanística para que los fondos privados se enriquezcan rápidamente con la vivienda en Canarias”, critican desde NC, que advierte de que no se trata de decisiones aisladas, sino de un modelo especulativo sistemático, impulsado desde el Gobierno canario.
RIC desnaturalizada
La organización denuncia que esta política desvirtúa el objetivo original de la RIC, concebida para fomentar la reinversión empresarial y el empleo, y la pone al servicio de promotores inmobiliarios, sin garantías de alquileres asequibles ni de permanencia en el mercado.
“El Gobierno de Clavijo permite que se utilicen beneficios fiscales para adquirir inmuebles, alquilarlos temporalmente sin control de precios y venderlos después con importantes beneficios”, lamentan desde NC-BC.
Promociones públicas heredadas
A juicio del grupo canarista, el Ejecutivo no está haciendo nada por garantizar el acceso a hogares estables para la mayoría social, ya que las únicas promociones públicas activas provienen del plan de vivienda aprobado por el anterior pacto de progreso, con una dotación de más de 600 millones de euros.
“El resultado es que se deja el derecho a la vivienda en manos de la lógica del mercado”, concluye NC-BC, que exige al Gobierno canario reorientar sus políticas hacia una planificación pública con controles efectivos y pensando en la mayoría social, no en los beneficios de unos pocos.