En un movimiento que sacude el debate sobre inmigración y bienestar, Vox ha registrado en el Parlamento de Canarias una Proposición No de Ley (PNL) para instaurar la "prioridad nacional" en las islas.

La iniciativa, que también ha formado parte del pacto de Gobierno en Extremadura entre el PP y Vox,  persigue que los españoles tengan preferencia en ayudas sociales, vivienda pública y servicios esenciales, denunciando la presión que la inmigración irregular ejerce sobre un sistema ya al límite.

Portazo a la Constitución

Gerardo Pérez Sánchez, Doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna, en declaraciones a Atlántico Hoy, desmonta con precisión quirúrgica la PNL registrada por Vox en la Cámara autonómica.  

Pérez advierte que el concepto de “prioridad nacional”, tan repetido en los últimos días, es tan ambiguo como inviable en derechos fundamentales, y aclara que, intentar tocar, entre otros asuntos, el derecho a la sanidad, sería un portazo directo a la Constitución. 

Ya existen requisitos

El experto detalla que en la Constitución Española (CE), en materia de derechos fundamentales existen tres clasificaciones: derechos exclusivos de españoles (como votar en elecciones generales), derechos de extranjeros (regulados por la Ley de Extranjería) y derechos inherentes a la condición humana (vida, integridad física, honor) con plena igualdad entre nacionales y extranjeros.

Sobre prestaciones no fundamentales, como becas, el profesor explica que ya se exige residencia o empadronamiento. "Eso ya ocurre, no es novedad", precisa y añade que existen requisitos relacionados con el tiempo de residencia (por ejemplo, 5 años o 1 año de empadronamiento). En cualquier caso, enfatiza que no se puede discriminar a colectivos enteros excluyéndolos de ayudas, especialmente en servicios sanitarios.

Seguridad Social

El artículo 41 de la CE establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. 

Pérez señala que en lo relacionado con la intención de Vox de limitar la asistencia médica a casos de urgencias vitales y vetar otras ayudas, entiende que esto no es viable. "No puedes decir que, colectivos concretos, no puedan acceder de ninguna manera a este tipo de prestaciones, siendo alguna de ellas incluso para la salud. Eso iría en contra de la Constitución".

“Extranjeros”

En lo que tiene que ver con la denominación de extranjeros, Gerardo Pérez considera que es necesario distinguir entre extranjeros no comunitarios (como brasileños o japoneses) y nacionales de la Unión Europea, que tienen equiparación de derechos por normativa europea. “Es que un francés o un italiano técnicamente no son extranjeros; no son nacionales, pero son comunitarios y tienen un régimen propio”, subraya.

Pérez Sánchez insiste en que se pueden establecer condiciones para prestaciones sobre derechos no fundamentales, pero recuerda que ya existen normas con requisitos de residencia para acceder a ellas. "Lo que no se puede es excluir colectivos enteros diciendo que para unos sí y para otros no. Eso no es viable",matiza.

Nacionalidad

En lo que se refiere a obtener la nacionalidad, el experto destaca que la regularización extraordinaria de personas migrantes que ha emprendido España no otorga la ciudadanía española por si misma, sino que se trata de permisos de residencia. “La regularización no ofrece directamente la nacionalidad, sino que da residencia legal”, apunta, añadiendo que para obtener la nacionalidad se requiere años de vivir legalmente en el país y otros requisitos adicionales.

En cualquier caso, una PNL no es vinculante y, añade Pérez Sánchez, que, de momento, solo ha sido registrada en el Parlamento y ahora podría ser no admitida a trámite o rechazada en votación por el resto de los grupos parlamentarios.